Acto y demanda en el juzgado «para remover conciencias»

La asociación La Barranca se planteó aquel acto de cambio de nombres del 23 de febrero como una escenificación de una antigua demanda, la modificación del callejero para sacar del mismo los nombres vinculados a la dictadura franquista. «Tantos años después, seguimos esperando», decían. Días después, la entidad llevó a la administración local ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 «por incumplir la Ley de Memoria Histórica y mantener calles y simbología exaltadora del franquismo y la dictadura», como constaba en el escrito de demanda que presentaron públicamente para rematar el acto del cambio de calles, todo ello organizado «para remover conciencias».