El cambio de Gobierno removerá 120 cargos de confianza

En este sentido, Podemos exigió, en unas duras negociaciones para la investidura de Andreu en el verano de 2019, una consejería exclusiva a su medida, en la que acabó colocando a seis altos cargos: la consejera Raquel Romero, más una secretaria técnica y cuatro directores generales con escasas atribuciones ejecutivas, pero con rimbombantes enunciados.

Además, la consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 cuenta también con seis puestos eventuales, cuando lo habitual en el resto son dos: secretaria del consejero y director de gabinete. Es decir, hay cuatro puestos y salarios más, como asesores (tres) y un técnico de apoyo.

Andreu comenzó su legislatura con un equipo gubernamental de nueve consejerías (frente a las ocho de Ceniceros), aunque tras la crisis de agosto del 2020, con la defenestración del exlíder del PSOE, Francisco Ocón, y de todos sus afines, reorganizó su Ejecutivo y redujo a ocho 'oficialmente' las consejerías.

'Oficialmente' porque, aprovechando los fondos europeos para el Plan de Transformación de La Rioja, José Ignacio Castresana, que comenzó como titular de Desarrollo Autonómico, pasó a adscribirse directamente a la oficina de Andreu, con salario también de consejero, aunque sin estar sometido a los controles y obligaciones parlamentarias del resto de sus compañeros. Castresana no pasó sólo a Presidencia, sino que incorporó también a Elena López Tamayo (su secretaria técnica en la consejería) y a Juan Carlos Peinado y Amaya Arteaga como coordinadores (anteriormente eran sus jefes de gabinete y de comunicación).

Desde el comienzo de legislatura figuraba como director de la Oficina de Presidencia Eliseo Sastre, también con salario de consejero y principal estratega de las políticas de Andreu, pero igualmente fuera del control parlamentario. Empezó asimismo un director de Comunicación y portavoz, aunque luego la presidenta amortizó a su titular creando una dirección de apoyo a la Portavocía del Gobierno con menor salario.

En números, los altos cargos con que Andreu termina la legislatura –reconocidos por el organigrama– suman 53 personas (presidenta, consejeros, secretarias técnicas, directores y subdirectores generales), mientras que Ceniceros terminó en 2019 su mandato con 43. En cuanto al personal eventual, el número ha sido también notablemente más alto en el caso de Andreu, con 35 personas directamente adscritas a su oficina y otras 21 a las diferentes consejerías. Es decir, 56 en total frente a las 46 de Ceniceros.

En el caso de las sociedades públicas y fundaciones, Concha Andreu también las engordó, con la creación de Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, la Fundación para la Ciudad del Envase y del Embalaje –ahora mismo se desconoce si con nuevo gerente o con plaza vacante tras ser despedido Gabriel Díaz Barrio a los nueve meses– y las conversiones de La Rioja Turismo en 'La Rioja 360' o de la Fundación para la Innovación (inicialmente público-privada) en la Fundación para la Transformación de La Rioja (100% pública). Al frente de esta última Andreu situó a Nuria San Servando –miembro de su ejecutiva y concejala de Arnedo– con un peculiar contrato de alta dirección con puesto fijo y que, por lo tanto, tendría que ser indemnizada si el nuevo gobierno decide prescindir de sus servicios. De hecho, San Servando, excolaboradora de Eliseo Sastre y trabajadora de la antigua Fundación de la Innovación desde el año 2010, es la única directora o gerente de sociedad pública con contrato indefinido y con derecho a indemnización.

Además, varias de las sociedades públicas en la etapa de Ceniceros, como el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), la Fundación Rioja Deporte o La Rioja Turismo estaban dirigidas hasta 2019 por los altos cargos del Gobierno responsables de las mismas, con lo que no percibían retribución adicional, mientras que con el caso de Andreu las gerencias –salvo en la última etapa la de 'La Rioja 360', tras el ceso de Jorge Fraile, y la del IRVI, con el paso de Javier Caldito a la Dirección de Vivienda– están ocupadas con salarios nominativos. En el caso de Alberto Lafuente (gerente del Seris), con sueldo equivalente al de consejero.

En total, serían trece personas más de confianza –incluida San Servando– las que podrían ser cesadas por el nuevo gobierno si así lo considera, aunque no será de forma inmediata. En este sentido, mientras que la Oficina de Presidencia cae en el momento que se publica el decrete de cese de Andreu, los eventuales de las consejerías lo harán cuando cesen sus consejeros (a continuación).

Otros altos cargos (directores generales y secretarias técnicas) será destituidos por decreto cuando se celebre el primer consejo de gobierno de Capellán, mientras que en el caso de las sociedades públicas deben ser destituidos también por decreto del nuevo Gobierno, pero en otros casos, según sus estatutos, son sus patronatos (Valdezcaray, 'La Rioja 360', IER...) los que determinan cómo se regulan los ceses si los hay.

Al margen de los entes y sociedades públicas, cuyas contrataciones y salarios han sido objeto de varias preguntas parlamentarias porque la información rara vez ha estado actualizada en el Portal de Transparencia, la Fundación para la Transformación de La Rioja (FTR) liderada por José Ignacio Castresana creó una administración paralela y opaca al control parlamentario. Además de Castresana y su equipo de Presidencia, con la subrrogación de los cuatro trabajadoras de la anterior Fundación para la Innovación, la FTR creó seis puestos vinculados al proyecto Valle de la Lengua, tres directivos a la Fundación del Envase -el gerente cesó y se desconoce si hay uno nuevo- y se convocaron otras cinco plazas a nivel técnico, junto con otras cuatro más a través de una asociación si ánimo de lucro, EDIH La Rioja 4.0, también vinculada a la Fundación del Envase. Se desconoce si están adjudicadas. En todo caso, todas estas plazas no son personal eventual (de confianza), sino contrataciones fijas por proceso de selección, aunque sin seguir las normas del sector público.

El coste en altos cargos y personal eventual del Gobierno de José Ignacio Ceniceros era, evidentemente por más reducido, más barato que el de Andreu. La nómina de altos cargos en el primer caso sumaba 2,7 millones de euros anuales, a los que había que sumar los 1,3 del personal eventual y los alrededor de los 410.000 euros de gerentes y directores de sociedades públicas y fundaciones. Unos 4,5 millones en total.

En el caso de Andreu, la nómina se amplía hasta algo más de 4 millones en el caso de los altos cargos, junto con los 2,76 millones en el del personal eventual y unos 730.000 euros para entes y fundaciones públicas. En total, más de 7 millones. Ahora bien, parte de ese mayor coste tiene que ver con los incrementos salariales aplicados a los sueldos desde 2019 a 2023 y que han supuesto cantidades importantes. En este sentido, Ceniceros cobraba 73.331 euros en 2019 y Andreu percibe 82.756 por las actualizaciones automáticas, ya que su salario, y el del resto de altos cargos, se liga a la evolución del sueldo de un secretario de Estado a nivel nacional y, en función de esta categoría, se revisa cada año en los Presupuestos.