La explosión de la planta de biodiésel sigue en instrucción casi tres años después

De momento la investigación se ha centrado en la empresa Iniciativas Bioenergéticas S. L. y en uno de sus responsables. No obstante, la Fiscalía de La Rioja ha solicitado que se cite a declarar también como investigados a otros directivos de la factoría, y esta misma compañía ha reclamado que aparezca como investigado, y no sólo como perjudicado, el padre de una de las víctimas que a la vez era el dueño de la firma familiar externa en la que trabajaba su hijo y que había sido subcontratada para soldar unos hilos de uno de los tanques de combustible.

Ninguna de las peticiones de estas dos partes personadas en la causa habría obtenido aún respuesta y, por tanto, estaría por ver si finalmente se amplía la investigación por unos hechos que desde la acusación pública han tipificado como delito contra el derecho de los trabajadores. Una calificación con la que desde el despacho de abogados Palacios, que representa a la familia de Ioan B., de 41 años, natural de Rumanía y residente en Calahorra, no están de acuerdo. «Entendemos que el auto de procesamiento tendrá que recoger homicidio imprudente porque al final ha habido resultado de muerte de dos personas por negligencia y falta absoluta de medidas de seguridad», apuntan.

En la causa figura también un pormenorizado informe de la Inspección de Trabajo que, según explican tanto en este despacho jurídico como el abogado Fausto Saiz, que representa al padre, la madre y al hermano de Álvaro A. C., responsabiliza exclusivamente a la planta porque aprecia falta de medidas de seguridad. El informe, explica Fausto Saiz, que también representa al progenitor de Álvaro A. C. por los daños en su empresa, no haría referencia a esta firma local con la que Iniciativas Bioenergéticas había contratado una serie de trabajos y «es en el transcurso de los mismos cuando tuvo lugar la explosión».

En juego también están las indemnizaciones que reclaman las empresas colindantes que sufrieron daños durante la explosión. Se trata de dos compañías vecinas que se vieron afectadas por la deflagración que sacudió a los vecinos de Calahorra minutos antes de las 13.00 horas del 26 de mayo de 2022.

Las familias de las víctimas tampoco habrían recibido por el momento ninguna indemnización. Una partida que es susceptible de acuerdo y con la que se persigue la reparación del daño a las víctimas, sobre todo en los casos en los que hay resultado de muerte.

En la actualidad, la negociación para alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión continúa abierta. En su día, explican, se presentó un escrito pidiendo que consignaran un millón de euros para cubrir todas las responsabilidades, pero tampoco sobre este extremo se habría pronunciado el juez.

En la zona de la explosión hay cuatro depósitos de unos 400 metros cúbicos de capacidad cada uno. Dos de esos depósitos contenían biodiésel, es decir, producto ya terminado, y otros dos aceite crudo, materia prima para la producción del combustible. Uno de estos dos depósitos de aceite es el que explotó aquel fatídico 26 de mayo causando la muerte de los dos trabajadores. La deflagración también produjo fisuras y fugas en los tres depósitos colindantes.

La mezcla de biodiésel y aceite crudo produjo las llamas que continuaron durante horas y el incendio no se dio por extinguido hasta pasadas las 2 de la madrugada del 27 de mayo.