Las instituciones echan el freno

La carrera por reducir la partida de gastos obligada por la situación económica ha llevado a las principales instituciones riojanas a meter la tijera (también) en una de las áreas habitualmente más controvertidas: la del uso y mantenimiento de vehículos oficiales. Tanto el Parlamento como el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital se han sometido a lo largo del último quinquenio a esa cirugía de adelgazamiento, aunque empleando distintas herramientas.

En el caso del Ejecutivo que preside Pedro Sanz, la fórmula escogida principalmente ha sido la reducción del parque automovilístico y los chóferes al cargo. De acuerdo con los datos facilitados, en el 2007 el número de unidades ascendía 16 y hoy han quedado limitada a una menos: doce para el uso de altos cargos, dos monovolúmenes que prestan distintos servicios cuando el número de viajeros es superior a tres y uno exclusivo para el presidente de La Rioja. El reservado actualmente para Sanz cuenta con la peculiaridad de ser de 'segunda mano', ya que se trata del que hasta el año pasado venía utilizando la Defensora del Pueblo. Un Audi A6 que sustituye al A8 -una gama superior- que tenía asignado hasta entonces.

El descenso de los coches disponibles no ha sido gradual. En el 2008 se disponía de 22 y un año después llegaron a 26 para quedar en 23 el ejercicio posterior e ir reduciéndose hasta los 15 actuales. La razón: el mayor número de consejerías existente en anteriores legislaturas y la coincidencia coyuntural de nuevas adquisiciones con modelos en venta. Y es que, la subasta de los coches oficiales más antiguos ha sido una de los mecanismos para llenar la caja a la vez al tiempo que se vaciaba el parking y se prescindía del lastre del mantenimiento. De esta forma, por ejemplo, el Gobierno recabó en enero del 2012 un total de 41.000 euros -saldo final de un lote de cinco Audi A6 2.4- y ocho meses después ingresó 26.000 más por la venta de otros tres A6 subastados entre un conjunto de más de treinta vehículos adscritos a la Comunidad Autónoma.

Paralelamente, en a lo largo del lustro se ha recortado el número de conductores de 18 a 8 (cinco redistribuidos en otras funciones y otros tantos eventuales cesados) con un coste estimado por conductor de entre 24.000 y 29.000 euros.

Ajustes y una donación

El Parlamento de La Rioja también se ha apretado el cinturón en los coches. En su caso, de forma más modesta teniendo en cuenta el reducido parque móvil del que dispone y centrado en la contención de los gastos en seguros y otras necesidades. Actualmente dispone de un coche de reparto que utilizan los ujieres y dos A6 con nueve y tres años de antigüedad, respectivamente. Uno es empleado casi en exclusiva por José Ignacio Ceniceros y el otro de reserva esta disposición de los miembros de la Mesa. El presupuesto asignado para su utilización apenas ha variado en el último quinquenio -unos 13.500 euros- aunque lo ejecutado ha pasado de 11.186 euros en el 2007 a 8.276 en el 2012 limando en seguros, reparaciones y otros gastos. La Cámara disponía de un cuarto vehículo en desuso que el año pasado se donó a una ONG permitiendo así ahorrar los mil euros anuales que acarreaba su mantenimiento.

El mecanismo por el que ha optado el Ayuntamiento logroñés para racionalizar el gasto que comportan los vehículos oficiales se ha centrado en la compra de cuatro vehículos que venía utilizando en régimen de alquiler. El ahorro estimado por el cambio se cifró en 112.000 euros -el lote costó 51.700 euros frente a un contrato de renting de 164.564 en cuatro años-, al que suma una rebaja variable en conservación y combustible. A fecha de hoy hay adscritos a Alcaldía dos Renault Laguna y dos Chevrolet Lacetti, además de una furgoneta procedente de la extinta Fundación Logroño Turismo. El número total de unidades es por lo tanto el mismo que durante el Gobierno municipal de Tomás Santos, si bien al comienzo de esta legislatura se prescindió de una Mercedes Vito de siete plazas.