La Rioja podrá participar en la fijación de caudales para el Delta del Ebro

Una sentencia del Constitucional avala la tesis del Ejecutivo riojano en el sentido de que Cataluña tenía «potestades excesivas» en la regulación hídrica

LA RIOJALOGROÑO.
Alfonso Domínguez y José María Infante, ayer. ::                         L.R./
Alfonso Domínguez y José María Infante, ayer. :: L.R.

La sentencia del TC sobre el recurso presentado por el Gobierno de La Rioja en el año 2005 contra la Ley del Plan Hidrológico Nacional «avala» la postura del Ejecutivo regional sobre el derecho de la Comunidad Autónoma riojana a participar en la fijación de los caudales ambientales en el delta del río Ebro. No obstante, desestima el recurso riojano en cuanto a que desestima la inconstitucionalidad de parte del articulado.

Así lo explicaron ayer en rueda de prensa los directores generales de Servicios Jurídicos, Alfonso Domínguez, y Calidad Ambiental, José María Infante. El fallo del Alto Tribunal, con fecha de 31 de octubre, alude al recurso presentado en septiembre del 2005 por el Ejecutivo riojano contra algunos apartados de la Ley 11/2005 que modificaba el Plan Hidrológico Nacional relacionados con la fijación de los caudales ambientales del Ebro y en los que se otorgaba a Cataluña «potestades excesivas» en la protección del delta del río, según entendió la Administración regional. El recurso, como recordaron Domínguez e Infante, defendía que «las competencias atribuidas a Cataluña afectaban al conjunto de la cuenca hidrográfica del Ebro y postergaban a La Rioja en la toma de decisiones sobre el futuro de esta cuenca».

Ahora, afirmaron que «la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de manifestar que la disposición no es inconstitucional, realiza una interpretación de la ley en la que se recalca que el Plan de Protección del Delta del Ebro aprobado de mutuo acuerdo por el Estado y Cataluña debe ser integrado en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro».

A efectos prácticos, esta modificación implicará que «los caudales ambientales podrán ser revisados dentro del proceso de planificación de la cuenca donde tienen participación las comunidades autónomas, tal como requería el Gobierno de La Rioja», argumenta la Administración regional.

«La sentencia del Tribunal Constitucional y la interpretación que se realiza de la Ley salvaguardan los intereses manifestados por el Gobierno regional en defensa de los riojanos», añadieron ambos responsables.

Asimismo, Domínguez e Infante consideran que la decisión del Constitucional «consolida, protege y refuerza» la participación de las comunidades autónomas en la determinación de los caudales ambientales y «mantiene las competencias en materia de aguas de acuerdo a la definición que aparece en la Constitución Española, que incide en la protección de los valores de unidad de cuenca».