La Defensora del Pueblo renuncia al cargo

María Bueyo Díez Jalón ha dejado de ser la Defensora del Pueblo Riojano. Una vez cumplido su mandato de cinco años, ha decidido presentar su renuncia como responsable de la institución en la que ahora seguía en funciones desde el pasado diciembre descartando, por lo tanto, la opción de continuar un quinquenio más que contempla la Ley.

La marcha de Díez Jalón obliga ahora al Parlamento riojano a designar un sucesor. Una vez aceptada su renuncia por parte del presidente, José Ignacio Ceniceros informará a la Mesa de la Cámara, que dispone de un mes para poner en marcha el proceso de elección. Iniciado este camino, la Comisión de Peticiones presentará a la Mesa en el plazo máximo de 30 días al candidato o candidatos y, posteriormente, elevará la propuesta al pleno que debe sancionar el nuevo nombre con el apoyo de, al menos, tres quintas partes del hemiciclo. El Parlamento asumirá hasta entonces la gestión administrativa de la Defensoría, en tanto que las labores propias de protección y salvaguarda de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos riojanos las seguirá desempeñando el personal de la propia institución.

Se desconoce todavía quiénes pueden ser los posibles aspirantes a Defensor del Pueblo Riojano, pero ya es seguro dónde recalará Díez Jalón, que ha solicitado su reingreso al servicio del cuerpo de Abogados del Estado para desempeñar su labor en Madrid. Aunque la protagonista no ha concretado ese destino, fuentes del Gobierno regional y del propio Parlamento dan por hecho su inminente nombramiento como máxima responsable de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Competitividad que encabeza Luis de Guindos.

A preguntas de Diario LA RIOJA, Díez Jalón confirmó que su marcha obedece estrictamente a «motivos profesionales» y que, en ningún caso, ha pesado ni el recorte del 33% en el presupuesto de la Defensoría -de 661.000 euros a 438.000- ni las voces que venían cuestionando el mantenimiento y la utilidad de una figura que ya ha sido suprimida en otras comunidades como Castilla-La Mancha a consecuencia de la crisis económica. «La situación no es comparable», comenta. «Por un parte, el prestigio, la solvencia y la austeridad aquí son muy superiores y, además, el propio Estatuto de La Rioja reconoce en su articulado el desarrollo de la institución».

Lejos de aventar polémicas o alimentar cualquier otra lectura sobre su salida -«nunca me había planteado renovar el cargo»- la abogada del Estado, profesora de universidad y autora de múltiples publicaciones y monografías especializadas reconoce que la falta de decisión del Parlamento para renovar el puesto y las reiteradas críticas a nivel nacional sobre el sentido de las Defensorías del Pueblo no han ayudado, precisamente, a la institución. «No estoy cansada porque soy incombustible, pero tengo la sensación de que he cumplido una etapa», reflexiona reconociendo que, para cumplir un papel tan trascendental, se requiere «el 100% de legitimidad». Y añade: «Me dieron un mandato para cinco años para echar a andar una figura que, creo, he desarrollado con éxito en vista del calado social que ha adquirido y el número de actuaciones realizadas; ahora es el Parlamento quien debe decidir qué derroteros toma, qué quiere hacer y con quién».

Díez Jalón niega la existencia de cualquier tipo de presión en su marcha. «Mi trabajo ha estado marcada de forma muy profunda por la independencia, la autonomía de actuación y la defensa del Derecho», destaca, al tiempo que proclama la oportunidad de que, en contra de lo que afirman sus detractores, se mantenga «en condiciones» la institución. «Merece la pena contar un Defensor del Pueblo propio, y más aún en tiempos de crisis», indica. «Cuanto todo va bien nadie se queja, pero cuando las circunstancias económicas no son propicias las reclamaciones se disparan».

De sus cinco años al frente de la Defensoría, Díez Jalón destaca «la satisfacción por el trabajo bien hecho» y, sobre todo, el reconocimiento tanto de los ciudadanos y asociaciones que han pasado por su oficina como de las distintas administraciones a las que ha instado en sus actuaciones regulares y de oficio. «Gracias a todos», concluye.