La Fiscalía pide una prórroga de seis meses para investigar los contratos de Jazz Group

La Fiscalía de La Rioja ha solicitado a la institución que capitanea Cándido Conde Pumpido una prórroga adicional de seis meses para seguir investigando los contratos que Jazz Group firmó con el Ayuntamiento capitalino y con Logroño Turismo. El plazo legal de medio año concluye este mes de noviembre y ahora la Fiscalía General del Estado tiene la pelota sobre la mesa para decidir si aprueba-que es lo previsible que haga en los próximos días- o no la moratoria solicitada por Enrique Stern, el máximo representante del Ministerio público en La Rioja.

El complejo entramado entre la empresa de publicidad y comunicación Jazz Group y sus firmas asociadas ha llevado a la Fiscalía riojana a solicitar la prórroga de una investigación que se inició a raíz de la denuncia presentada por el anterior Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, a instancias del entonces portavoz, Vicente Urquía, ante este órgano y en los juzgados de Vitoria. Aquella querella ponía en evidencia el que se denominó 'caso de las esculturas desaparecidas', por el que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital alavesa ya ha condenado a Nova Idea Imagen a abonar al Ayuntamiento de Logroño los 69.020 euros que costaron las cuatro 'estaciones de la vid' que fueron adjudicadas a Jazz Group, que a su vez las subcontrató a la empresa con domicilio social en Laguardia.

Tras esa primera denuncia, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal y reclamó al nuevo equipo de Gobierno municipal, salido de las urnas el pasado 22 de mayo, los documentos que certificasen la relación contractual entre el Ayuntamiento de Logroño, Jazz Group y su red financiera. Lo que inicialmente era la desaparición de unas estatuas «se ha convertido en lo que parece una contratación irregular por parte de una empresa», sostiene Stern, al referirse a los 16 contratos que le fueron remitidos desde el Consistorio y que ahora investiga la Guardia Civil.

Diez de los contratos firmados desde el Ayuntamiento están relacionados con el área de enoturismo y seis más con la difusión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana impulsados desde el área de Urbanismo. Todos ellos suman 281.297 euros a favor de Jazz Group y sus firmas asociadas. Para el actual equipo de Gobierno municipal, según denunció públicamente en julio, en relación con estas empresas se han dado casos de fraccionamiento de contratos para evitar procedimientos de libre concurrencia y pagos superiores al valor real como ocurrió con el caso de las esculturas.

Poco después, a la Fiscalía, reclamados también por Stern, llegaron los contratos rubricados entre la compañía de comunicación y Logroño Turismo. Entre ellos, se encontraría al menos el relativo a los servicios de comunicación y prensa por el que Logroño Turismo estuvo pagando a Jazz Group durante unos 14 meses 3.000 euros cuando lo fijado eran solo 2.000. Junto a este acuerdo, la Administración local envió las conclusiones de la comisión especial de cuentas de Logroño Turismo 2007-2011 en la que además de este asunto se analizaron posibles irregularidades en la conversión de contratos temporales en indefinidos.

Para el fiscal superior de La Rioja, detrás del caso «hay un entramado de empresas que salpicaría a unas personas físicas que están a la sombra de esas empresas». Las pesquisas de la Fiscalía están encaminadas a investigar «qué ha pasado con el dinero»; llegado el caso de que se detecten irregularidades contables y haya que oficiar a las entidades financieras para que faciliten información sobre qué fue de los ingresos o transferencias que se pudieran efectuar en determinadas cuentas, Stern tiene previsto judicializar el caso, es decir, que pasaría al juzgado de instrucción que toque por reparto. «Fundamentalmente» -alega- «porque es más complejo y si luego tengo que intervenir en un derecho fundamental preferiría hacerlo dentro de un juzgado que en el marco de las diligencias de la Fiscalía».