El expediente de los Vallejo demuestra que la vicepresidenta era propietaria de fincas de viñedo ilegal

La Consejería sacó provisionalmente del registro de viñedo no inscrito trece hectáreas para que pudieran vendimiarse en contra de su propia normativa

A. GILLOGROÑO.

El documento oficial de 'legalización' de las 13 hectáreas de viña del polígono 34 -tras el arranque el pasado mes de mayo de las cinco ilegales- propiedad de la familia Vallejo pone de manifiesto que la vicepresidenta del Gobierno riojano, Aránzazu Vallejo, era propietaria, en solitario y en otros casos con sus padres, de fincas con viñedo ilegal en contra de lo sostenido por ella misma y por el Gobierno regional, si bien su hermano, Jesús Vallejo Fernández, figura como cultivador de todas las parcelas.

La misma documentación demuestra también que la Consejería de Agricultura sacó del registro de viñedo irregular las viñas de la familia Vallejo en julio de este año, tal y como se muestra en el documento adjunto. Así las cosas, el mero hecho de figurar en el registro de viñedo no inscrito debería haber impedido que, al menos en la campaña 2009 -en la que ya había resolución del Tribunal Supremo que confirmaba la orden de arranque de la superficie plantada en exceso dictada por la propia Consejería en el año 2006- se hubiera vendimiado y amparado por el Consejo Regulador la producción de 13 hectáreas de viña, cosa que, según ha denunciado reiteradamente el PR y nunca desmentido el Gobierno regional, sucedió. De hecho, ayer de nuevo la Consejería de Agricultura eludió ofrecer cualquier tipo de aclaración al respecto.

En este sentido, y tal y como ha venido informando Diario LA RIOJA, en el polígono 34 de Alfaro, donde se plantó el viñedo ilegal en el año 2000, la familia Vallejo contaba con 18 hectáreas, de las que 5 fueron consideradas ilegales por la Consejería de Agricultura en el expediente abierto en el año 2006. De acuerdo con el decreto de 13 de febrero que regula el potencial vitícola (artículo 17.2), «en casos de superficie plantada en exceso, hasta que no se produzca el arranque, y ante la imposibilidad de determinar qué parte es la parcela plantada con autorización y cuál sin ella, se procederá a la suspensión de la inscripción de la totalidad de la parcela».

La aplicación de esta normativa al caso de la familia Vallejo debería haber implicado que ni una sola uva de las 18 hectáreas de viña (más allá de las cinco ilegales, cuya producción debe destilarse y así acreditarlo su cultivador o propietarios) debería haber sido amparada por el Consejo Regulador. Sin embargo, las 13 hectáreas de viñedo irregular se inscribieron provisionalmente en el registro de viñedo por parte de la Consejería de Agricultura en los años 2007, 2008 y 2009.

En los dos primeros años, el expediente judicial seguía su curso y aún no había pronunciamiento final del Supremo, por lo que podría justificarse una suspensión cautelar hasta la resolución del litigio, pero en el 2009 no había justificación alguna para la inscripción provisional, ya que el caso judicial había concluido completamente.