Cultura desbloquea la declaración del Monte Cantabria como Bien de Interés

Se ha hecho esperar pero ya ha llegado. La Dirección General de Cultura ha incoado expediente para la declaración del Monte Cantabria y de su entorno como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de zona arqueológica. La resolución, publicada en el BOR el pasado martes, supone que, iniciados los trámites, el olvidado espacio logroñés goce del régimen de protección previsto en la ley para los bienes ya declarados como de interés cultural y pueda beneficiarse de lo que ello conlleva.

El Ayuntamiento de Logroño respira aliviado al asegurarse prácticamente los 2,5 millones solicitados al Ministerio de Fomento con cargo a los fondos del denominado '1% Cultural' para acometer la primera fase del plan director para la intervención en el citado yacimiento, pues la incoación de expediente era requisito .

La decisión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a instancias del servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico llega casi 17 meses después de que el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja informase favorablemente sobre dicha tramitación, lo que ha valido al Gobierno de La Rioja no pocas críticas por parte del Ayuntamiento de Logroño.

Su publicación en el Boletín, previa a la apertura de un periodo de información pública por plazo de un mes, supone el desbloqueo definitivo de un proceso que recibía luz verde tras la firma de la resolución de incoación por parte del director general de Cultura.

Pese a la buena noticia, el propio Javier García Turza, en declaraciones a Diario LA RIOJA, aseguraba que «aún queda» para la declaración BIC definitiva. «A día de hoy se trabaja en la localización de los propietarios para informarles del proceso», explicó en un intento de hacer ver que la dilación en el tiempo de la incoación no obedece en absoluto a falta alguna de voluntad. «Nos hemos dirigido al Registro de la Propiedad y al Catastro así como al propio Ayuntamiento para solicitar información sobre los titulares de los terrenos», aclara. «Y al IER, al COAR, a Hacienda de la CAR, a la Dirección General de Medio Ambiente, de Medio Natural y de Urbanismo, además de a la Administración General del Estado como implicados», concluye un conciliador García Turza.