Zapatero quita la ayuda de 426 euros a los parados sin subsidio

El programa temporal de inserción laboral ha costado al Estado 1.392,80 millones de euros hasta la fecha

CÉSAR CALVARMADRID.

Las turbulencias en los mercados de deuda y la necesidad de tomar medidas para calmar a los especuladores se han llevado por delante la ayuda de 426 euros establecida en el verano del 2009 para paliar las dificultades padecidas por los parados una vez agotadas todas las prestaciones. El Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que nació en plena recesión para ayudar a miles de desocupados que aceptaran participar en un itinerario de inserción laboral, ha sucumbido a las necesidades presupuestarias derivadas de esta nueva fase de la crisis. El presidente del Gobierno anunció su liquidación el 14 de febrero del 2011.

Muchos españoles sin trabajo, que albergaban la esperanza de beneficiarse del programa, recordarán el próximo 'día de los enamorados' como la fecha en que expiraron estas ayudas. José Luis Rodríguez Zapatero despejó así la incógnita que planeaba sobre el futuro del Prodi después de que el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunciara su prórroga el pasado 27 de octubre en rueda de prensa y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, le desautorizara después y matizara que sólo habría ampliación si el presupuesto lo permitía.

La ayuda de 426 euros, como se ha conocido durante su vigencia, entró en vigor el 14 de agosto del 2009 para seis meses, pero fue prorrogada dos veces. En la segunda de esas ocasiones el Gobierno restringió los beneficiarios. Los parados de entre 30 y 45 años sólo podían cobrarlo si, además de cumplir los requisitos generales, acreditaban cargas familiares.

700.000 beneficiarios

Trabajo cifró en unas 700.000 las personas han percibido estas pagas hasta el 30 de septiembre de este año. Hasta ayer, el programa había costado al Estado 1.392,80 millones. Unos fondos que a partir de febrero se quedarán en la caja. El presidente del Gobierno anunció también que los servicios públicos de empleo estatal (antiguo Inem) contratarán a 1.500 orientadores laborales más, que tendrán como objetivo favorecer la contratación de desempleados. Trabajo detalló que esas personas se sumarán a otros 1.500 profesionales incorporados a raíz del plan de choque contra el desempleo diseñado durante la etapa de Jesús Caldera al frente del departamento. Hasta finales del 2009 estos orientadores atendieron a casi 900.000 parados.

Junto a las medidas descritas, el Consejo de Ministros aprobará mañana la regulación del funcionamiento de las agencias privadas de colocación, prevista en la reforma laboral. Son compañías privadas distintas de las ETT -que 'alquilan' trabajadores a otras empresas- cuyo negocio está en la intermediación laboral. Podrán cobrar por hacer de intermediarias entre empresarios y demandantes de empleo, función que hasta ahora realizaban gratis los servicios públicos de colocación.

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