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ALBERTO GIL
Viernes, 7 de mayo 2010, 10:23
La directora general de Industrias y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal, ha enviado al Consejo Regulador una carta en la que pone varios reparos a la propuesta de modificación reglamentaria pactada por el pleno para la reducción de rendimientos amparados de cara a la próxima vendimia.
La responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino advierte de que, tras la aprobación de la nueva OCM, para cualquier modificación reglamentaria, como la que se propone para reducir el rendimiento máximo amparado, es necesaria la elaboración y el envío a Bruselas del denominado 'pliego de condiciones' de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja: «El procedimiento seguido hasta la fecha para las modificaciones reglamentarias debe sustituirse por el establecido en la nueva OCM», dice la directora.
En este sentido, las DDOO y las IGP europeas tienen de límite hasta el 1 de agosto del 2011 para enviar dicho pliego (que recoge las condiciones de elaboración y producción de cada zona geográfica), pero, al pretender una modificación, la normativa comunitaria obliga a que el envío del pliego sea preceptivo a cualquier cambio.
¿Tiempo?
La cuestión complica los ajustados plazos que tiene Rioja (dadas las largas negociaciones del invierno pasado para alcanzar el acuerdo) para conseguir la modificación legal antes de la vendimia. Así, el propio Ministerio propone «como solución más rápida, sin llegar a ser la más satisfactoria teniendo en cuenta que la adaptación normativa debería estar dispuesta para el 1 de agosto del 2010», la inclusión en el pliego que debe enviarse a Europa de una 'horquilla' con rendimientos máximos y mínimos para poder rebajarlos del 100% y del 70% que regula el actual Reglamento vigente de la DOC Rioja.
Es decir, que Rioja debería rebajar en el articulado de su propia normativa -en lugar de en 'disposiciones adicionales' utilizadas hasta ahora para decisiones provisionales- los históricos 6.500 kilos actuales de rendimiento máximo amparable a los 5.850 que se pretenden para la próxima vendimia para la uva tinta y del 70 al 69% para la transformación del vino.
El tema, farragoso, levantará polémica en el pleno de hoy, ya que las organizaciones contrarias al acuerdo podrían reclamar una nueva votación al considerar que la modificación del pliego no es lo que se decidió en el pacto suscrito con 150 de los 200 votos de la Interprofesional el pasado mes de marzo. En este sentido, la inclusión en el Reglamento de la reducción del rendimiento máximo quedaría recogida de forma permanente, al menos hasta que hubiera otro acuerdo para cambiar la norma, y no coyuntural como se planteó originalmente.
El presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual, reconoció ayer la existencia del informe ministerial y señaló que «será una de las cuestiones que se tratarán en el pleno». «Son los servicios jurídicos los que deben explicarnos el asunto -agregó-, pero, en principio, si se trata de superar aspectos administrativos, no debería haber mayores problemas».
En cualquier caso, la directora general del Ministerio advierte también de que es necesaria una orden ministerial para derogar las disposiciones adiciones del actual Reglamento de la DOC por las que se rigen el 'stock' regulador y los rendimientos máximos y mínimos: «Queda por resolver el procedimiento ineludible a seguir para proceder a la derogación de las actuales disposiciones adicionales, las cuales contienen una regulación distinta para la próxima campaña 2010/11 que la contenida en la propuesta formulada por el Consejo Regulador». «Para lo cual -continúa el escrito- hay que tener en cuenta que debe prepararse una norma con rango de orden ministerial que derogue la normativa actualmente en vigor». En resumidas cuentas, el acuerdo, aprobado con los votos justos (75%), aún no tiene garantizada su aplicación para la vendimia.
Protesta
Precisamente ayer, los sindicatos UAGR, UPA, UAHGA (Álava) UAGN y Ehne (Navarra) difundieron un comunicado en el que rechazan las declaraciones «de quienes defienden el acuerdo de reducción de rendimientos sin contraprestaciones». Las organizaciones, que no firmaron el acuerdo y convocaron la manifestación del pasado 24 de abril, aseguran que «no es cierto» que carezcan «de una posición unitaria ante la problemática del sector», en referencia a unas declaraciones del presidente de la Interprofesional, Víctor Pascual.
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