Vecinos de Lardero se niegan a escriturar sus casas por supuestas irregularidades urbanísticas

Los compradores acusan al Ayuntamiento de connivencia para favorecer a la promotora con una mayor edificación y materiales más baratos

A. GIL |LOGROÑO.
Vecinos de Lardero se niegan a escriturar sus casas por supuestas irregularidades urbanísticas

Un grupo de vecinos del denominado sector T1 de Lardero, entre Villa Patro y la autopista, se niega a escriturar sus viviendas con la promotora Riofan XXI al considerar que hubo «numerosas irregularidades» en las obras y en la concesión de las licencias por parte del Ayuntamiento de la localidad. Los vecinos, propietarios de siete de las 51 viviendas de uno de los tres bloques del residencial Parque Sur, reclaman al Consistorio que revise las licencias urbanísticas otorgadas y a la Dirección General de Vivienda las cédulas de habitabilidad al considerar que la actuación administrativa municipal favoreció a la promotora en detrimento de los compradores.

En este sentido, el bloque, que estaría además en idénticas circunstancias a los otros dos del residencial Parque Sur promovidos también por Riofan XXI, se planificó inicialmente para 51 viviendas y para ello recibió la licencia de construcción (28-4-2006) pero, tras aprobar en marzo del 2007 el Consistorio el nuevo Plan General Municipal, el proyecto se modificó mediante un estudio de detalle para, además de los 51 pisos, albergar diez oficinas en la primera planta.

Las Normas Subisidiarias anteriormente en vigor, bajo las que se concedió la licencia, impedían la construcción de oficinas en la primera planta y de viviendas bajo cubierta. Así, aprovechando el cambio de la normativa, la promotora presentó un nuevo estudio de detalle (12-12-2007) para convertir los áticos en vivienda y dejar la primera planta para oficinas. Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento se limitó a dar la autorización sin exigir documentación alguna para justificar un cambio tan sustancial como el que se produjo y que se traduciría en un supuesto beneficio que los propietarios recurrentes cifran en 855.000 euros para Riofan XXI.

Por otra parte, la promoción coincidía con la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación (CTE), que exige desde el 29 de marzo del 2006 a las constructoras mayores garantías de seguridad en materiales y espacios, con el consiguiente mayor coste para la edificación. Riofan XXI recibió la licencia en abril, con lo que, aprovechando el plazo de adaptación previsto por el CTE no tenía obligación, a priori, de cumplirlo. Sin embargo, para acogerse a esa excepcionalidad, las obras debían comenzar a los tres meses de recibir la licencia, pero, según los vecinos, la construcción no se inició hasta octubre del 2006 (seis meses), con lo que, con el beneplácito municipal, denuncian, se habría incurrido en un fraude de ley.

Código Técnico

Asimismo, la modificación sustancial del conjunto inmobiliario, con la inclusión de las oficinas y las viviendas bajo cubierta gracias al estudio de detalle, requirió otra licencia modificada, con lo que, en cualquiera de los casos, la construcción debería cumplir con el CTE: «La promotora aplicó para sí la normativa beneficiosa (la urbanística), pero eludió la perjudicial (el CTE), es decir, una operación redonda para sus intereses, pero lesiva para las familias, e, inexplicablemente, sin que el Ayuntamiento lo advirtiera», aseguran en su escrito de denuncia.

Los sótanos

Otra nueva irregularidad, que provocó además la anulación municipal (diciembre del 2006) del primer proyecto, fue que se superaba la superficie máxima destinada en sótano para garajes y trasteros. El Ayuntamiento, tras la advertencia de la Consejería de Vivienda de que se rebasaban los límites, se vio obligado a anular la propuesta. Sin embargo, el propio Consistorio dio el visto bueno al nuevo proyecto de obras de diciembre del 2007, pese a que la superficie para sótanos seguía superando tanto los máximos de la normativa urbanística anterior como de la actualmente en vigor. Por todo ello, los vecinos reclaman al Consistorio larderano que anule y revise las licencias de construcción para que la promotora adapte el edificio a «la legalidad».