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Salvador Illa, ministro de Sanidad. Foro: EFE / Vídeo: EP

El Gobierno busca fórmulas legales para forzar el aislamiento de los asintomáticos

Los constitucionalistas creen que la legislación sanitaria ampara la reclusión de los «reticentes» bajo autorización judicial

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Lunes, 6 de abril 2020, 15:10

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Los contagios por coronavirus siguen creciendo en España pero a un ritmo menor que los últimos días. La confirmación de la tendencia a la baja obliga al Gobierno a prepararse para la siguiente fase, «de desescalada o transición», que comenzará en mayo y que se prolongará un largo periodo de tiempo. Para esa etapa, Sanidad sigue trabajando en la planificación y entre las medidas, baraja aislar a los ciudadanos que den positivo y sean asintomáticos o con una sintomatología leve en hoteles, albergues o residencias de estudiantes. Una reclusión «voluntaria», según aclaró ayer el responsable de Sanidad, Salvador Illa, que tuvo que salir al paso de la dudas sobre la legalidad de esta posible medida para controlar la expansión del COVID-19.

El ministró señalo que este aislamiento se ofrecerá, de común acuerdo con las comunidades, a los ciudadanos de esas características que entiendan que no es posible asegurar un adecuado confinamiento en su hogar, por las condiciones de la misma o porque hay muchos miembros en su vivienda. «Esto será voluntario y siempre desde el respeto de los derechos y libertades», aseveró.

Pero el Ejecutivo podría forzar el aislamiento obligado para quienes teniendo instrucciones del médico para guardar cuarentena domiciliaria desobezcan. «Las administraciones públicas tienen la obligación de velar porque esa persona efectivamente no contagie a los demás», subrayó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que incidió en que «serán los criterios de proporcionalidad y de aquilatarse al ordenamiento jurídico» los que regirán.

A finales de febrero pasado, la Consejería de Salud del Gobierno canario dispuso la prohibición de salida a los cerca de 700 clientes de un hotel al sur de Tenerife tras confirmarse el positivo de un turista italiano. La medida administrativa decretaba el aislamiento del edificio ante la situación de riesgo transmisible de enfermedad debido a la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19».

Para validar esta disposición, de acuerdo con la ley orgánica sobre Salud Pública de 1986, la consejería acudió a un juzgado de Arona, la ciudad donde se encuentra el hotel, que dio el visto bueno y, un día después, un juzgado de lo contencioso de Tenerife firmó las órdenes de confinamiento.

Autorización del juez

De ser necesario, algunos juristas creen que Sanidad podría dar la orden para que esa reclusión obligatoria pudiera ejercerse «en casos concretos o en una parte del territorio». «La autoridad sanitaria tiene potestad para retener a una persona infectada pero al ser una medida restrictiva necesita de una autorización judicial», explica a este periódico Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Este constitucionalista aprecia que esta medida encaja en la legislación ordinaria de Sanidad frente a epidemias. La Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública prevé en su artículo segundo que las autoridades sanitarias competentes puedan adoptar «medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control» cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas.

Pero entre los expertos también surgen voces que advierten de que obligar a la población a confinarse por la pandemia roza la línea roja que separa lo constitucional de lo inconstitucional. Alfonso Reclusa, abogado penalista y profesor de Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de La Rioja, alerta de que es crucial estar vigilantes para que «este virus no acabe también con los derechos fundamentales».

Este penalista señala que si el Gobierno decide convertir en obligatorios los test de detección y aislar a los asintómaticos «habría que ir a otro estado, el de excepción». Para Reclusa la deriva de las nuevas medidas «suponen una suspensión de grave limitación o incluso una suspensión de derechos fundamentales que bajo ningún concepto caben ya en el estado de alarma». «No sólo sería inconstitucional –insiste– sino que podría acarrear consecuencias penales».

Un punto en el que difiere Tajadura para quien declarar el estado de excepción sería «desproporcionado». «No se da el supuesto que lo justifique –explica– y, además, permitiría al Ejecutivo suspender derechos, que creo que no es necesario».

El aislamiento de todos los positivos es poco probable

Encontrar y aislar a los asintomáticos no será tarea fácil. Cuatro de cada cinco contagiados por coronavirus no presentaron síntomas, según un estudio del Gobierno chino con datos del primero de abril. Se trataría de millones de personas en España, con una población de 47 millones. Junto al análisis masivo se confinaría a los positivos lejos de sus casas. «No tenemos datos e información suficiente para poder valorarlo», mantuvo el Defensor del Pueblo poco antes de que el ministro Salvador Illa matizara que sería de carácter voluntario.

«El aislamiento es absolutamente recomendable y ha sido la base del éxito de países como Corea del Sur, Japón o Alemania, donde la gente podía hacerse los test al principio, pagándoselo ellos y, al saber que eran asintomáticos, se inmovilizaban», dice Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), que hoy presentará su plan ante el Ministerio de Sanidad. «Pero no se puede forzar a nadie. Es una decisión personal irse a un sitio proporcionado por el Gobierno, porque quizás en su casa esté con sus hijos o sus padres».

«La medida está enfocada a que la gente pueda comenzar a salir pero dejando confinados a quienes estén contaminados sin dar síntomas», opina Xavier Xercavins Comas, experto en Medicina Interna y miembro de la plataforma Top Doctors. «Pero tiene un punto débil, que es que pueden dar resultados falsamente negativos. Lo ideal sería comprar el doble de test para repetirlo una semana después. A los positivos se les llevaría a lugares muy esterilizados y controlados de donde podrían salir si dieran negativo antes de cumplir los 14 días».

Ante la imposibilidad de realizar test a toda la población, al menos en un primer momento, la SEI propone hacerlos «como se hace una encuesta basada en criterios estadísticos, con una selección de la población», explica Cámara, que también es facultativa del hospital La Paz. Al conocer la incidencia real, y no una estimación como ahora, y poder controlar a los positivos, se podría comenzar a levantar el «bloqueo» actual de población.

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