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La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. EFE
La mitad de las autonomías se opone a cambios ambiciosos en las residencias

La mitad de las autonomías se opone a cambios ambiciosos en las residencias

La votación del acuerdo propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar los centros de mayores se aplaza a junio para apurar la negociación

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Miércoles, 25 de mayo 2022, 20:04

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La mitad de los gobiernos autonómicos españoles considera que la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para modernizar y humanizar las residencias de mayores es demasiado ambiciosa. De hecho, este amplio frente opositor bloqueo este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo, que se seguirá negociando por los técnicos de ambas administraciones en las próximas semanas para comprobar si en junio es posible sellar el pacto.

El próximo mes la titular de la cartera, Ione Belarra, posiblemente, volverá a convocar el Consejo Territorial de Servicios Sociales con la intención de cerrar el documento con los requisitos mínimos que se le pedirán a las nuevas residencias de mayores y de minusválidos que quieran comenzar a funcionar en España, la mayoría de los cuales también deberán cumplir los centros que ya existen antes de que se agote la presente década.

Las comunidades discrepan del notable aumento de cuidadores, de la apuesta por una mayoría de alcobas individuales o del modelo de centros más pequeños y hogareños

Belarra estaba convencida de que este miércoles podría cerrar un acuerdo, pero lo cierto es que la propuesta ni siquiera se sometió oficialmente a votación después de que numerosos responsables autonómicos de distinto signo político mostrasen sus objeciones. En el frente opositor estaban las populares Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, pero también las socialistas Castilla-La Mancha y Extremadura, el País Vasco y Cataluña, y hasta el representante de la ciudad autónoma de Ceuta.

En la mayor parte de casos las objeciones se plantearon a los puntos más ambiciosos, los que pretenden cambiar por completo el modelo que mostró sus serias carencias (masificación, deshumanización, falta de personal, de atención y de control ) durante la pandemia y la enorme mortandad de mayores.

Estas autonomías están en desacuerdo con el notable incremento de cuidadores y técnicos que exige el nuevo documento, con que la mayoría de las habitaciones sean individuales y con que los centros tengan menos residentes y los organicen en unidades de convivencia de un máximo de 15 personas –con sus propias estancias y personal– para que se parezcan más a un hogar y menos a un asilo.

Muchas comunidades tienen un gran número de plazas de residencia concertadas con centros privados, que presionan contra un acuerdo que les exigiría grandes mejoras e inversiones.

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