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Integrantes del colectivo OTRAS a la entrada de los juzgados de la Audiencia Nacional. Efe

La Fiscalía considera un «fraude de ley» el sindicato de trabajadoras sexuales

El Ministerio Público asegura en el juicio que el colectivo OTRAS pretendió usar la vía administrativa para «legalizar la prostitución»

Mateo Balín

Madrid

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Miércoles, 14 de noviembre 2018, 14:50

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la nulidad de los estatutos de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), creada «en fraude de ley» para permitir y regular «cualquier actividad sexual», incluida la prostitución, y por tanto, para fines distintos a los previstos por la legalidad.

En la vista oral celebrada hoy en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que se ha analizado el recurso presentado por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla contra los estatutos del sindicato, el fiscal Benito Ejido ha argumentado que «no cabe» la sindicación para «ejercer unas pretendidas relaciones laborales» que «incluso pueden ser delictivas».

«Si no, se hubiera excluido expresamente la prostitución en los estatutos. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque se pretende usar esta vía para legalizar la prostitución», ha alegado el acusador público para anular el registro de este colectivo en el Ministerio de Trabajo.

«Un gol por la escuadra»

La ministra Magdalena Valerio llegó a reconocer en agosto, tras la inscripción de OTRAS, que les habían metido «un gol por la escuadra», una circunstancia que le costó el cargo a la directora general Concepción Pascual.

Tras estos hechos, el ministerio anunció la puesta en marcha de un recurso para impugnar los estatutos del sindicato. Por eso, remitió un informe a la Fiscalía General del Estado explicando el «error» y exponiendo los argumentos para la impugnación del sindicato de trabajadoras sexuales.

En la vista, el fiscal Ejido ha añadido que si lo que se quiere es legalizar esta actividad deberá hacerse «por otra vía», no por la vía judicial que aplica las leyes y el derecho, sino por la vía legislativa, lanzando de forma indirecta la patata caliente al Gobierno. El juicio quedó visto para sentencia.

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