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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Opinión

TRIBUNA

Los autores abordan el fenómeno de la nueva colonización de países pobres por parte de grandes multinacionales y el del reparto de tierras en la vecina Marruecos

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Jugando al Monopoly con la Tierra
L a compañía Daewoo Logistic tenía pensado a principios del 2008 arrendar, por un período de 99 años, un millón trescientas mil hectáreas de tierras cultivables en Madagascar. En esta gran isla, ubicada en el Indico, cuya población ocupa el puesto 143 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que establece el PNUD sobre 147 países, es decir que son pobres de solemnidad, hay en cultivo únicamente 3 millones hectáreas de un potencial de 35 millones, y aproximadamente la mitad de las mismas se dedican al cultivo del arroz. Aún así, Madagascar importa anualmente alrededor de 250.000 toneladas de arroz para alimentar a su población.
Al ser conocido por la población malgache el deseo de la multinacional coreana de producir maíz y aceite de palma en esas pretendidas tierras, se produjeron manifestaciones y enfrentamientos que terminaron con un golpe de estado de los militares y el derrocamiento del presidente Marc Ravalomanana. El nuevo presidente provisional, Andry Rajoelina, ha cancelado, nada más acceder al poder, cualquier acuerdo que se hubiera establecido con Daewoo diciendo «que las tierras de país no pueden ser vendidas ni arrendadas a inversores extranjeros en perjuicio de los habitantes de la nación malgache».
Recientemente, Le Monde Diplomatique hablaba de la nueva ola de 'neocolonismo agrario' que se está dando en varios continentes y que está permitiendo que países, a través de compañías privadas, adquieran a través de compra o arriendo tierras agrícolas para producir alimentos de base para sus nacionales o para exportarlos al mercado internacional. Y citaba a Libia que había adquirido tierras en Ruanda, a Arabia Saudita en Sudán, a China en Indonesia y en varios países africanos, a Corea del Sur en Madagascar, en otros países de África y en América latina. Países emergentes con reservas importantes de divisas gracias a sus exportaciones de petróleo o de productos manufacturados que quieren asegurarse su capacidad alimentaria y que desconfían de los vaivenes del mercado mundial, tal como se ha podido ver en los últimos meses.
Pero no solo son inversionistas 'nuevos ricos' que buscan un bien tan preciado como los alimentos, sino también personajes del mundo de las finanzas como Georges Soros, que ha adquirido 225.000 hectáreas en Argentina; o de la moda, como Benetton, que posee 900.000 hectáreas en este mismo país. El banco norteamericano Morgan Stanley, el inversor ruso Renaissance Capital y el fondo británico Landkom se han hecho con 700.000 hectáreas de las ricas tierras de Ucrania. Y así un largo etcétera .
Esta nueva 'fiebre del oro', del oro verde, que está favoreciendo la agricultura capitalista de tipo empresarial en detrimento de la agricultura campesina, de la agricultura familiar, culminó este verano con un proceso de privatización en Marruecos que puso en manos de grandes grupos nacionales y extranjeros las tierras de la Sodea-Sogeta, empresas estatales que explotaban las superficies nacionalizadas en 1972 cuando Hassan II decidió la denominada 'marroquización' por la que se expropiaba a los colonos franceses y españoles que tenían propiedades en el país.
Estas dos compañías explotaban alrededor de 300.000 hectáreas en varias provincias del reino, en su mayor parte cultivos de primor (cítricos, olivos, hortalizas) en buenas tierras, y se habían beneficiado durante años de los favores del Estado con créditos, técnicos, preferencias en la exportación, planes de regadío, etc., siendo a pesar de ello deficitarias económicamente por la mala gestión que se hizo.
Con este segundo reparto, que finalizó como decíamos en agosto del 2008, se pensaba poner en cultivo 10.000 hectáreas de cítricos, diez mil de olivos y 9.500 de productos herbáceos, así como crear 20.000 puestos de trabajo (¿permanentes o temporales?) y 130 unidades agro-industriales.
Los beneficiados fueron en un 24% compañías extranjeras, y el resto, empresas o personajes de las finanzas y de la política marroquíes. Entre estos últimos. cabe señalar al príncipe Moulay Ismaïl (primo del rey Mohamed VI), los parlamentarios Ali Kayouh -figura del Istiqlal en Agadir-, Mohamed Bouhdoud Boudlal -jefe del partido RNI en la región del Souss-, el alcalde de Agadir Tariq Kabbage -de la Unión Socialista de Fuerzas Populares- y el presidente del partido Alliances des Libertés Ali Belhaj, entre otros. Las concesiones en plantaciones de arboricultura eran para 40 años prorrogables en 25 años más; en cultivos anuales o ganadería la concesión era para 17 años prorrogables en 12 años.
En Marruecos, el 40 % de la población activa trabaja en agricultura, y en su mayor parte en una agricultura 'bour', de tipo pluvial. Del millón y medio de unidades productivas con que cuenta el país, el 71% tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solamente el 25% de la tierra, con el agravante de que una mayoría de explotaciones no tienen títulos de propiedad ni se encuentra registrada en el catastro, lo que agudiza la inseguridad de quienes las cultivan tradicionalmente. Por el contrario, el 2% del total de explotaciones ocupan el 22% de la Superficie Agrícola Útil (SAU), que suelen ser las tierras más fértiles y en muchas ocasiones en regadío.
Con explotaciones de dimensiones muy reducidas, sin apoyo estatal, faltos de créditos, con rendimientos bajos, cultivando en gran parte para el autoconsumo y con pocos excedentes que situar en el mercado, el campesino marroquí tiene pocas salidas. Está condenado a una vida difícil en sus parcelas, a emigrar a las grandes ciudades, a los bidonvilles (palabra ideada por los sociólogos franceses de la época colonial que estudiaron los miserables barrios de chabolas de Casablanca en los años 30 del siglo XX) de Tánger, de Mekhinez o de Marrakech, o a pensar en atravesar el Estrecho para seguir el camino de sus convecinos que le precedieron, a pesar de la crisis, que comentan que azota a las economías de los países europeos, y entre ellos a España.
Y nos preguntamos, que si en vez de repartir las tierras 'nacionalizadas' en los años 70 entre un puñado de compañías y personajes que intentarán producir esencialmente para los mercados exteriores, no sería socialmente mucho más interesante distribuirlas entre los campesinos pobres, con pocas tierras, apoyándoles en créditos y en asistencia técnica, y asegurándoles un precio justo en sus cosechas. De esta forma, ¿no se fijaría la población al territorio?, ¿no se frenaría, al menos en parte, el doloroso fenómeno de la emigración?, ¿no dejaría Marruecos de ver disminuida regularmente su cobertura alimentaria?, ¿no se frenaría en cierta manera la erosión y la desertización que avanza inexorablemente comprometiendo la seguridad alimentaria del país?
Marruecos, según el PNUD ocupa el puesto 125 en el Índice de Desarrollo Humano no muy lejano de Madagascar. ¿Llegarán a comprender las élites políticas marroquíes que no podrán asegurar condiciones de vida mejores a sus nacionales si no aplican políticas de mayor justicia social? ¿Se frenarán los flujos migratorios internos y externos si no existe una distribución de la riqueza? Con una población activa agraria tan elevada, ¿no deben darse medidas que la favorezcan y le permitan vivir de la agricultura?
Es impensable que, por muy aguda que sea la crisis en España, ningún emigrante marroquí desee regresar a un país en donde los bienes del Estado, los bienes públicos, como eran las tierras de la Sodea-Sogeta, se reparten como si los agraciados estuvieran jugando alegremente al Monopoly.

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