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al presentar su último informe sobre la pena capital

Amnistía Internacional denuncia que en el mundo hay más de 20.000 reos de muerte

En 2005 fueron dictadas 5.186 condenas, de las que 2.148 fueron ejecutadas en 22 países, aunque sólo China es responsable del 80%

EUROPA PRESS | MADRID

Miércoles, 19 de abril 2006, 02:00

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Más de 20.000 personas de todo el mundo "se encuentran a la espera de que las maten sus propios gobiernos", ha asegurado hoy la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) con motivo de la presentación de su último informe sobre el uso de la pena capital, en el que precisa que en 2005 fueron dictadas 5.186 condenas a muerte en 53 países y que al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en 22 países, el 94 por ciento sólo en China, Arabia Saudí, Estados Unidos e Irán.

La organización pide también que desaparezca la mención expresa de la pena de muerte en la Constitución española y que España ratifique el protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el que se quiere convertir a Europa en una zona libre de pena de muerte. Asimismo, destaca la anulación de la pena capital para el español Paco Larrañaga, condenado en Filipinas, y llama la atención sobre los otros dos españoles sentenciados a muerte: Pablo Ibar, en Estados Unidos, y Nabil Manakli, en Yemen.

Según los datos del informe -que cubre el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2005-, en China fueron registradas el año pasado alrededor de 1.770 ejecuciones , pero "la cifra real es sin duda mucho más elevada". Un experto chino en cuestiones legales ha afirmado que el número real de ejecuciones ha sido alrededor de 8.000. En Irán fueron ejecutadas al menos a 94 personas y en Arabia Saudí al menos 86. En Estados Unidos se registraron 60 ejecuciones. En todo caso, la organización advirtió de que estas cifras son aproximadas debido al "secretismo" que rodea a la pena de muerte. Muchos gobiernos, como el de China, se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones, mientras que el de Vietnam ha llegado a declarar "secreto de Estado" las estadísticas e informaciones sobre la pena capital.

"Las cifras sobre la pena de muerte resultan realmente inquietantes: 20.000 personas están contando los días que faltan para que el Estado les quite la vida", declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan. "La pena de muerte constituye la negación máxima e irreversible de los Derechos Humanos, pues vulnera la esencia de los valores humanos", prosiguió. Además, "se suele aplicar de forma discriminatoria, después de juicios injustos o por motivos políticos. Puede ser un error irreversible cuando es consecuencia de un error judicial", añadió. Aparte, "la pena de muerte no constituye un freno especial contra la delincuencia", agregó Irene Khan. A pesar de estas "espeluznantes" cifras sobre la pena de muerte, sigue intensificándose la tendencia en favor de la abolición, recuerda Amnistía. El número de países que llevan a cabo ejecuciones se ha reducido en un 50 por ciento durante los últimos 20 años y ha disminuido por cuarto año consecutivo. México y Liberia son los dos ejemplos más recientes de abolición de la pena de muerte.

"Cuando el mundo se aparta cada vez más del uso de la pena de muerte, constituye una anomalía flagrante que Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán destaquen, por el uso extremo que hacen de esta forma de castigo, como los mayores 'verdugos' del mundo", manifestó Irene Khan.

China acapara el 80% de las condenas a muerte en el mundo

En China -el país donde se llevan a cabo casi el 80 por ciento de todas las ejecuciones- una persona puede ser condenada y ejecutada hasta por 68 delitos, incluidos delitos no violentos como fraude fiscal, malversación de fondos y delitos de drogas. En este país, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre ejecuciones a bordo de "furgonetas móviles de ejecución" con la asistencia de personal médico, encargado de extraer los órganos de los cadáveres de los ejecutados con la mayor rapidez. Al respecto, "los elevados beneficios derivados del transplante de órganos" podrían servir "de incentivo para mantener la pena de muerte" en China, añadió.

En Arabia Saudí se ha sacado a personas de sus celdas y se las ha ejecutado sin que supieran que se les había impuesto la pena capital. Otras han sido juzgadas y condenadas a muerte en una lengua que no hablaban ni leían. Irán ha sido el único país donde, según las informaciones recibidas por Amnistía Internacional, se ha ejecutado a menores en 2005. En Irán se ejecutó al menos a ocho personas por delitos que habían cometido cuando eran menores, incluidas dos que tenían menos de 18 años en el momento de la ejecución. En cambio, Estados Unidos prohibió la ejecución de menores después de haber sido el "líder mundial" en esta práctica. "El hecho de que Estados Unidos, el país del mundo donde se ejecutaba a más menores, haya puesto fin a esta práctica debe constituir una clara señal, para el resto de países donde se sigue ejecutándolos, de que se tiene que erradicar esta práctica bárbara", señaló la secretaria general.

En muchos países, algunos procedimientos inhumanos pueden agravar la crueldad que comporta el hecho de estar condenado a muerte, prosigue el informe. En Bielorrusia y Uzbekistán, por ejemplo, no se comunica por adelantado a los condenados a muerte ni a sus familiares la fecha de la ejecución. Tampoco se entrega a los familiares el cadáver del preso para que lo entierren ni se les informa sobre el lugar del enterramiento. Asimismo, el informe de Amnistía Internacional destaca que en Japón se ha condenado a muerte a varias personas después de maltratarlas y arrancarles "confesiones" forzadas por delitos que no habían cometido, al tiempo que denuncia "los defectuosos sistemas de justicia penal de Uzbekistán y Bielorrusia", que proporcionan "un terreno abonado para los errores judiciales".

El informe recuerda que 43 Constituciones de todo el mundo prohíben expresamente la pena de muerte. Al respecto, recuerda que aunque en el Código Penal Militar español se derogó la posibilidad de aplicarla en tiempos de guerra, "la Constitución española sigue haciendo una mención expresa a la pena de muerte". En opinión de Amnistía Internacional "esta mención debería ser eliminada e incorporar una prohibición expresa del uso de la pena de muerte en España". Por otra parte, España no ha ratificado aún el protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el que se quiere convertir a Europa en una zona libre de pena de muerte, indica AI. Este Protocolo ha sido ratificado hasta la fecha por 33 Estados.

Dos españoles, reos de muerte en EEUU y Yemen

En lo que respecta a los españoles condenados a muerte en el mundo, Amnistía destaca el reciente anuncio de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, de un "cambio de política" en relación a la pena de muerte, una decisión que beneficiará a un millar de condenados, entre ellos el español Paco Larrañaga, cuya condena a muerte había sido confirmada en julio de 2005. Amnistía Internacional valora positivamente la noticia, pero mantiene la petición de revisión del juicio, debido a las irregularidades y falta de garantías que se dieron.

Aparte, la organización recuerda que otros dos españoles siguen condenados a muerte en el mundo. Uno es Pablo Ibar, que se encuentra en el corredor de la muerte de la Penitenciaría de Starke (Florida) y cuya condena fue confirmada el pasado 9 de marzo por el Tribunal Supremo de Florida. El otro caso es el de Nabil Manakli, español de origen sirio condenado a muerte en 1997 en Yemen acusado de organizar un grupo armado. Según información recabada por AI, Manakli pudo ser sometido a torturas antes del juicio, en el que admitió los cargos. En septiembre de 2003 fue confirmada la condena. El Gobierno español lleva a cabo numerosas gestiones diplomáticas para que el Ejecutivo yemení anule la pena capital y la conmute por cadena perpetua.

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