PSOE, PP y CiU suman su voto para suprimir algunas disposiciones previstas en el Estatut

El PSOE y el PP han votado hoy juntos por primera vez en la Ponencia conjunta Congreso-Parlament y lo han hecho para suprimir, con apoyo de CiU, cinco disposiciones adicionales del Estatut que los grupos mayoritarios consideraban de dudosa constitucionalidad. El respaldo de los nacionalistas catalanes a la eliminación de estos preceptos ha llevado a ERC a acusarles de "docilidad".

La alianza puntual de los dos partidos ha permitido suprimir las disposiciones adicionales referidas a los derechos históricos, al traspaso de varias competencias mediante el artículo 150.2 de la Constitución, la fórmula para dirimir desacuerdos entre Generalitat y Estado, la previsión de modificación de varias leyes para conseguir la "plena efectividad" de la reforma estatutaria y la regulación de la Hacienda catalana.

La disposición adicional primera establecía que la aceptación del régimen de autonomía por parte de Cataluña no implica la "renuncia el pueblo catalán a los derechos que como tal le corresponden en virtud de su historia", mientras que la tercera determinaba la asunción de un total de diez competencias por parte de la Generalitat en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. También se ha suprimido la disposición adicional cuarta, que fijaba que los desacuerdos que se produzcan en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat habrían de resolverse por el procedimiento que señala la Ley del Tribunal Constitucional.

El mismo camino siguió la disposición adicional novena, que detallaba las leyes orgánicas que deberían modificarse adaptándose al Estatuto para lograr la "plena efectividad" de la reforma estatutaria, entre otras, la Ley Electoral, la del Tribunal Constitucional, la del Estatuto del Ministerio Fiscal, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la de referéndum.

Disposiciones económicas suprimidas

La regulación de la Hacienda de la Generalitat, que se recogía en la disposición adicional séptima, también fue eliminada, ya que hacía referencia al modelo económico que se modificó con el acuerdo entre el PSOE y CiU y que hoy se ha incorporado al Estatut mediante tres nuevas disposiciones. El ponente del PP, Federico Trillo, celebró haber logrado la eliminación de los citados preceptos que, a su juicio, planteaban "una seria inconstitucionalidad". No obstante avisó de que, pese a la supresión, "quedan en barbecho" una serie de competencias materiales que están contempladas y aceptadas en el articulado del Estatut .

En este punto coincidió el portavoz de ICV en el Parlament, Joan Boada, quien destacó que algunas de las competencias a las que aludían estas disposiciones, como inmigración, pasarán a ser de la Generalitat y que, de hecho, ya que están reformando algunas de las leyes orgánicas cuya modificación mandataba la disposición adicional novena. Sin embargo, el ponente de ERC, Joan Ridao, aseguró que con la supresión de las disposiciones tercera y novena, el Estatut ha quedado "limpio como una patena" porque se abortan traspasos y "quedan sin contenido" muchos artículos que se remitían a leyes orgánicas.

Trillo admitió que la votación de las enmiendas que proponían hacer desaparecer las citadas disposiciones generó un largo debate en la comisión y es que, aun cuando el "entendimiento" con el PSOE ha sido "natural", ya que ambos grupos planteaban lo mismo, CiU sólo quería apoyar al PSOE y rechazaba votar las propuestas del PP, una actitud que calificó de "inaudita". Al final las propuestas de los dos grupos mayoritarios se votaron conjuntamente, gracias al "sentido común" del presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, según opina el ponente del PP.