Víctimas protegidas

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto-ley que reforma la ley integral de 2004 para que cualquier mujer maltratada, haya presentado o no denuncia, pueda ser considerada a todos los efectos como víctima de violencia de género y, por lo tanto, tenga derecho a recibir de las administraciones públicas la protección y las ayudas que le faciliten resolver su situación. La reforma que acaba de aprobarse, y que aún requiere que se definan sus términos exactos en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, aborda uno de los puntos más vitales del pacto de Estado contra la violencia de género, con el que se trata de salir al paso del problema que más dificulta luchar contra esta lacra: el hecho de que muchas víctimas de maltrato no denuncian a su maltratador. En 2017, de las 51 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, sólo 12 habían presentado previamente denuncia. Lo que significa que al menos 39 no tuvieron acceso a las medidas preventivas de protección y de asesoramiento que el propio sistema ha establecido. Se da así un nuevo paso, que permitirá extender la asistencia integral a quien esté en esta trágica situación para ayudar a que salga de ella.

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