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Viabilidad presupuestaria

Cumplimentar las previsiones del Estatut catalán no es inocuo para las demás comunidades, cuyas expectativas se constriñen

Martes, 22 de enero 2019, 00:14

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El proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aprobar finalmente, aun sin la seguridad plena en su aprobación, entró ayer en el Congreso tres meses más tarde de lo legalmente establecido. Con su iniciativa, el presidente trata de dirigir a la opinión pública el mensaje de que su propósito es mejorar la vida de la gente, para lo que recaba una mayor aportación tributaria a grandes empresas y patrimonios. De manera que quienes se opongan a sus cuentas estarían malogrando una oportunidad para una mayor justicia social y un país más igualitario. La propuesta incrementa el gasto público en un 5,3%, cuando se estima que el crecimiento económico real no llegará ni a la mitad de tal porcentaje. Por eso, la otra mitad de la recaudación prevista provendría de una subida de impuestos no solo a las rentas más altas, sino también sobre el gasóleo -lo que afecta a amplias capas de la población- y la introducción de tasas respecto a la actividad de las tecnológicas y la compraventa de activos de grandes firmas que es posible que acaben recayendo de forma indirecta en el grueso de la población. A las incógnitas que persisten en cuanto a la viabilidad política del proyecto presupuestario de Sánchez se le suman las dudas sobre el cuadro de gastos e ingresos que presenta. Y ello aun en el más que probable caso de que el Gobierno contemple la eventualidad de volver del objetivo de un 1,3% de déficit al 1,8% pretendido a mitad de ejercicio. Porque si la mitad del aumento de recaudación previsto a cuenta del crecimiento económico está, ya, sujeto a los imponderables del entorno global, conviene no olvidar que en una sociedad y en una economía abierta las modificaciones tributarias vienen siempre cargadas de efectos secundarios. De modo que los 20.000 millones de más recaudación pretendidos pudieran volverse inalcanzables. El compromiso avanzado por Sánchez de responder a la vindicación de los pensionistas y a recortes padecidos por los empleados públicos durante la crisis interpela al conjunto del arco político, como lo hacen las necesidades de la dependencia o de vivienda. Pero no está claro que la fórmula propuesta por el presidente sea la más sensata; también porque se ve afectada por la precariedad parlamentaria en que se mueve el Gobierno.

Agravio para La Rioja. Junto a todo ello, parece incongruente que el Gobierno proceda a incrementar el gasto social orillando al mismo tiempo la reforma del sistema de financiación autonómico, cuando son las administraciones territoriales las competentes en la materia. Administraciones como la de La Rioja, que aparece como la gran marginada de un proyecto presupuestario que se anuncia a bombo y platillo como el definitivo de la recuperación económica. En términos de inversión real, La Rioja experimentará un hachazo del 38,1%, muy por encima de los que sufrió en los peores años de la crisis y sólo parangonable al del 2012, cuando la inversión del Ejecutivo central en la región fue del 37,8%, pero en un contexto de austeridad máxima. Es por eso que el proyecto presentado ayer ni soporta un análisis mínimamente optimista ni siquiera deja margen a los responsables socialistas riojanos para ofrecer no ya una lectura ilusionante del mismo sino siquiera una explicación convincente del porqué de la marginación que vuelve a sufrir La Rioja y que desde el PSOE riojano se criticó con vehemencia en anteriores legislaturas. A nadie se le oculta ya que el problema catalán y sus derivadas no resultan inocuas para el resto del Estado. Pero ni siquiera la permanente amenaza de la desconexión definitiva por parte de la Generalitat puede acabar hipotecando al país en su conjunto y penalizando financieramente a las demás autonomías.

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