Ultimátum a Sánchez

El Gobierno no podía mantenerse impasible ante el ultimátum lanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el que le urgía a «concretar» un referéndum y le advertía de que, en caso contrario, el independentismo «no podrá garantizar» su estabilidad. El Ejecutivo estaba obligado a descartar el propio diálogo sobre el referéndum independentista y debía dejar claro que España se está jugando en Cataluña mucho más que la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. Las palabras pronunciadas ayer por la ministra portavoz fueron las más firmes de las empleadas hasta ahora por el Gobierno frente a Torra. Pero partían de un análisis de la realidad que limita su capacidad de acción. Isabel Celaá describió el independentismo gobernante como algo que oscila entre el «discurso» más encendido y los «hechos» de distensión, a los que Sánchez se ha venido aferrando con la esperanza de que acabarían sobreponiéndose a las proclamas rupturistas. Esta sigue siendo la apuesta del Ejecutivo central, en palabras de su portavoz. El presidente y su Gobierno tratan de apurar las posibilidades del diálogo, pero corren el riesgo de dejarse llevar por el voluntarismo en su afán de enfriar un conflicto que los independentistas se empeñan en recalentar una y otra vez. Como cuando Torra declara en sede parlamentaria que trabaja para «hacer efectivo» el mandato del 1-O mediante el proceso «constituyente» de un «estado propio» para, acto seguido, lanzar el ultimátum a Sánchez. Los 'discursos' rupturistas pesan mucho más que los 'hechos' gubernamentales cuando miles y miles de ciudadanos salen a las calles confiando en el pronto advenimiento de una república independiente y se ponen a merced de los más extremistas. O cuando continúa, en un goteo persistente, la fuga de empresas, también hacia La Rioja. La normalización institucional no puede ser una ficción con la que el independentismo se entretenga o se justifique en días alternos, a la espera de dar el próximo salto en el vacío. Salto que ayer volvió a fijar Torra para el momento en que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo, dando por supuesto la condena de los procesados. Es lógico que el Ejecutivo socialista demande apoyo al PP y a Ciudadanos en días tan críticos en Cataluña. Pero se trata de que el Gobierno propicie líneas de entendimiento a partir de una mínima confianza constitucionalista. Porque ayer Celaá quiso situarse entre el abismo independentista y un «155 perpetuo». Pero en realidad la situación reviste gravedad porque hace temer que, de un momento a otro, las instituciones de la Generalitat puedan ser utilizadas para la adopción de decisiones contrarias a la legalidad.