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Lunes, 9 de julio 2018, 23:25
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El traslado de los dirigentes independentistas presos a cárceles catalanas dio inicio ayer; una vez que el juez instructor Pablo Llarenas señalara que, a la altura del proceso, esa era una cuestión que concernía a Instituciones Penitenciarias. De los supuestos contemplados para la prisión provisional, la del riesgo de fuga es la que mantiene recluidos a Bassa, Forcadell, Junqueras, Romeva, Forn, Turull, Rull, Sánchez y Cuixart, precisamente porque Puigdemont, Rovira y otros optaron por sustraerse a la acción de la Justicia. Pero es de sentido común que los encarcelados permanezcan recluidos en cárceles próximas a las localidades en las que están domiciliadas sus familias, a la espera del juicio previsto para octubre. Del mismo modo que parece razonable la decisión adoptada, al parecer, de que compartan una misma prisión; siempre y cuando ello responda al deseo de todos y cada uno de los encarcelados. La Generalitat está ya en manos de otros dirigentes igualmente independentistas, como resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre; lo que permitió levantar el artículo 155. No por ello las reclusas, que se dirigen a la prisión de Figueres, y los reclusos, que lo hacen al de Bages, pueden ser objeto de un trato diferente al que reciban el resto de los encarcelados en Cataluña. Ni en cuanto a las condiciones de su estancia, ni en cuanto a eventuales beneficios a los que pudieran ser acreedores. Tampoco su concurrencia en una misma causa judicial ha de impedir que cada una o uno de los políticos catalanes presos tenga acceso a oportunidades y situaciones particulares por propia iniciativa; tanto respecto a sus condiciones específicas en la cárcel como en cuanto a su participación en las actividades habituales del centro, y en su relación con los otros reclusos. El presidente Joaquim Torra ya advirtió de que la llegada de los políticos catalanes presos a cárceles catalanas en ningún caso iba a ser interpretada como una concesión del Estado constitucional, puesto que se trataría de una acción de justicia. La paradoja estriba en que a partir de hoy Torra es responsable de que permanezcan en prisión en cumplimiento de la legalidad.
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