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El último Consejo de Ministros de este Gobierno (la semana que viene ya estará en funciones) completó ayer la transposición a la Ley Hipotecaria de la directiva comunitaria de 2014, que debía haberse incorporado al Derecho interno antes de marzo de 2016, es decir que llevamos un retraso de al menos tres años. La norma introduce transparencia y reglas de conducta que imponen obligaciones a los prestamistas e intermediarios de crédito, lo que refuerza la protección de los consumidores.

El debate sobre las hipotecas es antiguo en nuestro país, donde se han sucedido abusos que se agravaron durante la crisis, por lo que resulta inquietante que a estas alturas se sigan trasponiendo directivas comunitarias con años de retraso. Diríase que nuestros políticos y nuestras instituciones están tan abstraídos en sus vicisitudes que se olvidan con frecuencia de los ciudadanos.

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