El agua siempre reclama sus escrituras

El cambio climático que estamos sufriendo en nuestro planeta, propiciado en gran parte por la actividad humana, genera eventos de diversa índole que, cuando son debidos a la confluencia de múltiples factores adversos, provocan resultados catastróficos, con millones de euros en pérdidas y, lo que es peor, con decenas de fallecidos. Lluvias torrenciales como las que hemos visto en el Levante estos días, según los expertos del clima, no se habían producido en muchas décadas; y tras las lluvias llegan las fuertes inundaciones que han anegado pueblos y comarcas.

Según datos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Ministerio de Transición Ecológica, en España existen 25.000 km de zonas inundables delimitadas, y se estima que 2.700.000 habitantes viven en dichas zonas, siendo las demarcaciones de mayor territorio inundable las del Ebro, Júcar y Duero, aunque las que cuentan con un mayor número de personas viviendo en dichas áreas son las del Guadalquivir, Júcar y Segura (el 59% del total).

Aun así, el Colegio de Geólogos matiza que en estos datos no se incluyen las cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos, por lo que si se diseñaran todos los mapas de zonas inundables alcanzarían a 5 millones de personas, el 10% de la población española.

La cuenca del Ebro cuenta con cerca de 3.500 kilómetros de área inundable, de los cuales unos 150 están en La Rioja y afectan a extensos tramos de los ríos Ebro, Alhama, Cidacos, Leza, Jubera, Iregua, Najerilla, Tobía, Cárdenas, Yuso, Tuerto, Yalde, Oja, Tirón, Ea y Ciloria, además de conducciones menores tipo arroyo en diversas localidades.

Todos los años, debido a episodios de intensas lluvias, se da un número elevado de inundaciones en pueblos y territorios riojanos. Una de las últimas tuvo lugar en septiembre de este año en Nájera. También recordamos sin esfuerzo la de Huércanos de 2023.

La orografía de La Rioja, vertebrada por los siete valles que transportan el agua desde las cuencas de recepción del montañoso sur al río Ebro que cruza de oeste a este, a la que hay que sumar una estructura geológica de la cuenca que canaliza los regímenes de vientos, hace que, según datos históricos, los episodios de grandes tormentas o lluvias torrenciales no se hayan ensañado con nuestra región como hemos visto en repetidas ocasiones en otras regiones de España.

Asimismo, también ayuda el hecho de que en cinco de estos ocho ríos principales que circulan por la comunidad autónoma existan embalses que, a modo de un gran 'tanque de tormentas', laminan los episodios de inundación en cabecera, con lo que el efecto de las lluvias torrenciales en los municipios aguas abajo se ven mitigados gracias a estas infraestructuras hidráulicas.

Tan solo el Oja, el Jubera, el Alhama y el Linares no cuentan con embalses para regular su caudal y reducir los efectos de aumentos súbitos de sus cauces y avenidas.

La actual Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana obliga a realizar mapas de riesgos naturales en todos los instrumentos de ordenación urbana. Es necesario adaptar los usos del suelo en función de dichas cartografías de riesgos naturales, obligatorias desde 2008, y regular las edificaciones ya realizadas con anterioridad en áreas inundables, prohibiendo taxativamente nuevas construcciones en dichas zonas.

Del mismo modo, es imprescindible proteger los ríos, arroyos, regatos y acequias naturales frente a las modificaciones de sus cursos y devolver el cauce al río con estrategias como la 'Ebro Resilience', dirigida por el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Ebro con la participación de los gobiernos de Navarra, Aragón y La Rioja.

Por último, el cuidado efectivo de nuestros bosques, la preservación del suelo y la lucha contra la desertificación son acciones ineludibles para reducir la carga de tierras en las aguas de escorrentía excepcional que anegan municipios y producen graves daños.

Como sostiene el dicho, «el agua siempre reclama sus escrituras». En un contexto de cambio climático como el presente, y teniendo en cuenta la gran presión urbanística sobre el territorio, el hecho de contar con infraestructuras de mitigación de los efectos de las inundaciones, planes de adaptación a estos efectos y programas de ayudas para poder desarrollarlos son necesidades cada vez más imperiosas que, todos, como ciudadanos y ciudadanas, no deberíamos infravalorar.