El reto demográfico, una política de Estado

El reto demográfico,  una política de Estado

De las dificultades que afronta España, la despoblación de una parte sustancial de su territorio es una de las más graves

Cuando se habla de política en mayúsculas generalmente nos referimos a aquella acción que sirve para mejorar la vida de los ciudadanos y para enfrentar aquellos problemas que no acostumbran a aparecer en los grandes titulares, pero que definen el presente y sobre todo el futuro de un país. Este tipo de problemas de largo alcance superan el margen de actuación de un solo gobierno y sus posibles efectos van mucho más allá del plazo de una legislatura. Es por ello que estas cuestiones requieren de grandes acuerdos. De las dificultades que afronta España en la actualidad, la despoblación de una parte sustancial de su territorio es una de las más graves. Hablamos de una situación que afecta a más de la mitad del territorio español, pues en él residen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que comporta un riesgo de despoblación severa. Hablamos asimismo de un problema actual, puesto que la migración de la población rural hacia entornos urbanos no es un fenómeno de los años sesenta o setenta del siglo pasado, sino que ha seguido produciéndose durante los dieciocho años que llevamos del siglo XXI, e incluso se ha acentuado en la última década. Y hablamos también de un problema de futuro, puesto que el abandono del medio rural de jóvenes y mujeres, unido a la baja natalidad y al incremento de la esperanza de vida, se ve reflejado en un intenso envejecimiento de la población que permanece en ese medio, lo que pone en serio riesgo la propia supervivencia de esos territorios y genera necesidades específicas de difícil cobertura.

La envergadura del reto demográfico al que nos enfrentamos va más allá del estricto marco de la demografía y afecta a aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad ecológica, social y económica de nuestro territorio, con la supervivencia de miles de municipios y con el sobrecoste en la prestación de servicios que soportan en muchos casos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, donde el problema está más extendido. La despoblación de parte de nuestro territorio rompe el equilibrio que permite la cohesión social y la convivencia; rompe el equilibrio propiamente territorial, contraponiendo un territorio despoblado con núcleos urbanos sobresaturados; rompe la pirámide demográfica de los territorios despoblados, generando en ellos un envejecimiento intenso. Y rompe también los equilibrios de género, puesto que el territorio despoblado sufre un proceso de masculinización, ya que las mujeres abandonan las zonas rurales con más intensidad que los hombres. Rompe, en definitiva, la vertebración del territorio.

La despoblación y el envejecimiento de una gran parte de nuestro territorio afectan de lleno a la igualdad entre las personas, consagrada en nuestra Constitución. La migración de las áreas rurales a las urbanas obedece en muchas ocasiones a la necesidad; en otras a la búsqueda de oportunidades que escasean en las áreas rurales; en otras a la falta de expectativas. Nuestros conciudadanos se ven forzados, en la medida de sus posibilidades, a la migración interior para acceder a las herramientas necesarias para hacer realidad su proyecto vital, de las que no disponen en sus lugares de origen; y se pone así en cuestión el precepto constitucional que obliga a las instituciones públicas a garantizar la igualdad de todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia. Estamos frente a un auténtico reto de país, un reto que nos obliga a todos a actuar para revertir una tendencia que pone en serio riesgo no solo nuestro equilibrio territorial sino la capacidad que tenemos de garantizar a nuestros conciudadanos que podrán desarrollar su proyecto vital independientemente de donde vivan, o de donde deseen vivir. Debemos superar la falsa identificación entre progreso social y personal y migración a la ciudad.

A este reto estamos convocados todos, con el Gobierno al frente. La Conferencia de Presidentes de enero de 2017 acordó encomendar al Gobierno de España la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. El actual Gobierno ha asumido este acuerdo como una prioridad, comprometiéndose a elaborar esta estrategia antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. En la elaboración de esta estrategia no solo están convocados todos los ministerios, sino que el Gobierno cuenta con la colaboración activa de todas las comunidades autónomas y los entes locales, municipios y provincias. Con todos ellos se ha empezado a trabajar y todos ellos han dado muestras de entender la magnitud del problema al que nos enfrentamos como país.

El objetivo de la estrategia nacional será el de articular acciones, ya sea desde las administraciones públicas o conjuntamente con los actores del sector privado, el tercer sector y la ciudadanía, para crear las oportunidades que garanticen que la población del medio rural podrá vivir en él sin verse obligada a abandonarlo; podrá desplegar sus opciones vitales también fuera de la ciudad. Eso quiere decir no solo garantizar un futuro a la población activa en el medio rural sino garantizar la prestación de servicios públicos en pie de igualdad con el medio urbano a aquellos colectivos más vulnerables. En este sentido debemos garantizar la escolarización de los niños y jóvenes, y la atención sanitaria de los mayores.

El desafío no admite más demoras ni dilaciones. Por ello, en el marco de las medidas a integrar en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el Consejo de Ministros del viernes 5 de octubre ha aprobado un Real Decreto, que regula ayudas a las entidades locales de menor población y afectadas por el reto demográfico, para financiar proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento dirigidos a las personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una dotación de 80 millones de euros. La vertebración del territorio se muestra así como un elemento fundamental de cohesión social; y a la inversa.

La lucha frente al reto demográfico es una prioridad del país, que requiere del esfuerzo y la colaboración de todos. Las medidas necesarias para afrontar los cambios demográficos llevan demasiados años fuera del ámbito de las decisiones políticas. Este gobierno está dispuesto a afrontar este reto como lo que es: una política en mayúsculas, una política de Estado, que precisa de la colaboración y cooperación de todos.

 

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