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Jueves, 17 de enero 2019, 23:49
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Familias y empresas riojanas han superado con nota el examen de realismo al que les ha enfrentado la crisis económica y en una década han conseguido minorar casi a la mitad el importe de la deuda que mantienen con entidades financieras. Pero ante la misma prueba, las administraciones públicas han respondido de forma diametralmente opuesta y han disparado su deuda bancaria por encima del 35%. Y aunque es evidente que en coyunturas como la experimentada desde 2008 se impone a las administraciones públicas la responsabilidad de garantizar los mínimos de bienestar de la sociedad a la que se deben, lo que implica gasto y endeudamiento, parece igualmente obvia su incapacidad para afrontar tal esfuerzo sin recurrir a la deuda. Es quizás ese el empeño al que deberían aplicarse los gestores de lo público: obtener recursos ajustando ingresos y gastos, como han hecho familias y empresas, o encontrando otros canales, como evitar el elevado fraude fiscal, que los favorezcan sin penalizar a los administrados.
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