El PSOE decide por usted el colegio de sus hijos

Esta reforma implica regresar a la LOGSE, rebajando el nivel de calidad y permitiendo pasar de curso con asignaturas suspendidas, desterrando así la cultura del esfuerzo...

El Ministerio de Educación y Formación Profesional publicó el pasado 26 de octubre en su página web una «consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación». Una consulta fugaz, ya que el plazo para recabar sugerencias acabó el 10 de noviembre. Apenas 15 días para poder aportar observaciones a, nada más y nada menos, que la Ley Orgánica de Educación.

Según parece, el Ministerio tenía prisa por ventilarse el trámite lo antes posible y de tapadillo. Así, el plan parece concebido para poder decir que ha existido participación pública cuando cualquiera es capaz de comprender que con esta premura es imposible recabar alegaciones con cierto rigor y suficientemente meditadas. Puro postureo socialista.

El diálogo y talante del que tanto hace gala el Gobierno socialista brilla por su ausencia. La realidad es que después de casi dos años de trabajos en la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la aprobación de un Pacto por la Educación, el Gobierno de Sánchez tramita ahora una reforma de la Ley Orgánica de Educación sin tener en cuenta ninguna de las aportaciones realizadas por todos los miembros y sectores de la comunidad educativa.

La falta de diálogo y de consenso no es lo peor. Esta reforma esconde múltiples y graves incumplimientos constitucionales, como otorgar a la asignatura de religión un estatus inferior al resto de materias, vulnerando así el pleno desarrollo de la personalidad humana a través de la enseñanza que reconoce el artículo 27.2 de la Constitución. Artículo donde se incluyen aspectos esenciales de la persona como la espiritualidad, la interioridad o la trascendencia, todos ellos vinculados a la religión. Sin olvidar el derecho que nos asiste a los padres de que nuestros hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con nuestras propias convicciones y que es de obligado cumplimiento para los poderes públicos de acuerdo al artículo 27.3 de nuestra Constitución.

En cuanto a la eliminación de la asignatura de religión en su consideración académica, es decir que sea computable y evaluable, que también plantea esta reforma unilateral socialista, así como la desaparición de su asignatura alternativa, supone pasar por alto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional. Ambos reconocen que no cabe otorgar a la religión un estatus inferior al resto de asignaturas. También los acuerdos vigentes y suscritos entre el Estado y la Santa Sede establecen la inclusión de la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

Con respecto al reconocimiento expreso que, hasta ahora, se producía en la normativa estatal sobre la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros, dentro del respeto al currículo oficial, gracias a una nueva redacción ambigua se abre la posibilidad de que el castellano deje de ser la lengua vehicular en la escuela en determinadas comunidades donde hay lengua cooficial. Planteamiento que responde a una concesión de Sánchez a sus socios nacionalistas por el apoyo en la moción de censura.

Otro disparate contemplado en esta reforma es la vulneración del derecho a la participación efectiva de todos los sectores afectados: titulares, padres, profesores, personal no docente y alumnos en la educación. Una participación que debe de garantizar los poderes públicos según nuestra Constitución. Por lo tanto, una vez más, se pone de manifiesto la voluntad del actual Gobierno socialista de «planificar unilateralmente» la programación de puestos escolares sin tener en cuenta la demanda social de las familias, ni la existencia de centros concertados, ni la creación de centros, ni el derecho de elección del tipo de centro por padres y alumnos en función de sus propias convicciones, omitiendo así el ejercicio de la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución.

Estos aspectos referidos son sólo una pequeña muestra de todos los atropellos a nuestro derecho a la libertad de educación que ampara nuestra Constitución y que, sin embargo, esta reforma unilateral del actual Gobierno socialista tiene previsto acometer.

El Partido Popular rechaza de plano esta reforma que implica regresar a la LOGSE, rebajando el nivel de calidad y permitiendo pasar de curso con asignaturas suspendidas, desterrando así la cultura del esfuerzo, la exigencia, la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la figura del profesor y del director del centro.

Frente a este modelo del PSOE, el Partido Popular defiende un sistema educativo que ha conseguido reducir el fracaso y el abandono escolar en más de 6 puntos y que permite a nuestros jóvenes prosperar y competir en un mundo globalizado. Reclamamos que se regrese al diálogo y al consenso, que no se tire por la borda los dos años de trabajo de todo el sector educativo en el seno de la Subcomisión del Congreso para la aprobación de un Pacto por la Educación. Un Pacto de Estado que debe de ser la base de una reforma consensuada y estable del sistema educativo. En definitiva, exigimos al Gobierno socialista que se comprometa con la Educación y respete los derechos que la Constitución nos otorga sobre la Educación de nuestros hijos.

 

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