En estas últimas semanas se ha discutido mucho de nuevo sobre la indecente politización de la justicia en España, como en un 'remake' que vuelve a los debates políticos y a las portadas de periódicos invariablemente cada cinco años, a raíz de la renovación de la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Frente a las imágenes de mercadeo partidista, a veces totalmente descarnadas, la reacción más simple es reclamar la elección de los vocales del Consejo y de su presidente por los propios jueces, en un sistema de votación libre y secreta. Pero, ¿es ello deseable? La respuesta a esta pregunta depende de nuestra comprensión del papel que ocupa el Poder Judicial en la creación y aplicación del derecho. Una manera muy simple, pero naíf, de entender la división de poderes entre el Poder Legislativo y el Judicial supone que al primero le corresponde la creación del derecho (en ejercicio de la voluntad popular y, por tanto, del poder político), mientras que al segundo le atañe una labor de tipo técnico, consistente en la aplicación al caso concreto del derecho previamente establecido. A esta concepción clásica, hoy totalmente superada en la teoría del derecho, responde, por cierto, la forma en que se selecciona a los jueces mediante una oposición fundamentalmente memorística. Sin embargo, el papel del legislador en la creación del derecho es primario, pero no exclusivo. Podríamos decir que, en realidad, el derecho lo hacemos un poco entre todos. El legislador emite disposiciones, la letra de la ley, que necesariamente deben ser interpretadas como paso previo a su aplicación. Y, aunque a veces hay consenso sobre la interpretación, otras muchas sucede que caben opciones interpretativas distintas, que el paso del tiempo aconseja cambios interpretativos o incluso que la evolución de las concepciones políticas o morales dominantes en la sociedad conllevan cambios interpretativos de las disposiciones dictadas por el legislador. Y cambiar la interpretación es, sin duda, cambiar el derecho. En los últimos días hemos visto un ejemplo de ello en el acalorado debate acerca de quién debe satisfacer el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

No es lo mismo que quien decida sea más conservador o progresista, si se quiere simplificar así. No decidimos los asuntos humanos fuera de nuestras concepciones del mundo y, desde luego, tampoco pueden hacerlo los jueces y juezas al tomar decisiones interpretativas. También ellos contribuyen a decidir cuál es el derecho que nos rige al hacerlo. Si los jueces y magistrados (y muy especialmente los que componen el Tribunal Supremo) tienen ese papel contribuyente en hacer el derecho que nos rige, no es ilegítimo que tengamos democráticamente un interés en incidir en la conformación del Poder Judicial. Por ello, no sorprende que en la gran mayoría de países democráticos del mundo el Poder Legislativo y hasta el Ejecutivo tengan una participación directa o indirecta en el nombramiento de los jueces de los Altos Tribunales. La elección puramente corporativa de los vocales del CGPJ haría del Poder Judicial el único poder en cuyo gobierno la sociedad no tendría nada que decir políticamente.

No es extraño que en 1985 se modificara la Ley Orgánica del Poder Judicial, disponiendo la elección de todos los vocales del CGPJ por el Poder Legislativo, cuando se quiso renovar un poder judicial todavía muy anclado en posiciones ideológicas franquistas. Tampoco esto es inaudito en las democracias consolidadas del mundo. Lo que sucede, sin embargo, es que nuestra democracia tiene plena vigencia en lo formal, pero el respeto por las instituciones que la hacen sólida a veces deja mucho que desear, derivando en utilizaciones espurias que no obedecen a legítimas concepciones ideológicas del mundo sino al más puro control partidista o incluso en la protección del interés personal.

Así que, lejos de los simplismos, la dificultad es encontrar un sistema capaz de trasladar al gobierno del Poder Judicial las legítimas aspiraciones políticas y sociales democráticas, sin que ello derive en un mercadeo indecente de intereses espurios de quienes gobiernan. Una forma habitual es la exigencia de que la designación de ciertos cargos públicos, como los vocales del CGPJ, deba ser aprobada por mayorías reforzadas de las Cámaras legislativas. Pero ello no basta, puesto que ya hemos visto cómo la falta de cultura institucional profunda de nuestros partidos lo ha convertido en un reparto de cuotas. Por eso, debería añadirse a esa exigencia de mayoría política reforzada otra de diversificación de los electores. Volver al régimen de los primeros años de la democracia en el que una parte de los vocales eran elegidos por el legislativo y otra en votación por los propios jueces no sería mal sistema. Pero queda también un problema de excesivo corporativismo judicial, que se trasluce muy especialmente en la manera que se concibe la imprescindible y hoy francamente mejorable formación continuada de los jueces y magistrados. Para romper con esta tendencia, sería también oportuno que una parte de los vocales del CGPJ fuera elegido entre y por los profesores de tiempo completo de las facultades de derecho del país y otra parte por y entre los abogados colegiados. La diversidad de legitimidades de origen acabaría, a la vez, con el control político y con el peligro de corporativismo. También permitiría organizar muy fácilmente una renovación parcial por sectores, en lugar de la renovación total actual cada cinco años, que rompe totalmente con la continuidad de su labor y hace del CGPJ un órgano sin memoria.

 

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