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Sábado, 30 de junio 2018, 22:30
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El incremento exponencial de los apartamentos turísticos, como respuesta a una demanda también creciente de visitantes y viajeros en España, ha dado lugar a una normativa autonómica y local precipitada y en buena medida balbuciente para regular un fenómeno que, además de a la racionalidad en libre competencia de la oferta hotelera, afecta a la convivencia vecinal y al patrimonio inmobiliario como valor familiar y social. El turismo, tanto exterior como interior, requiere alojamientos a medida; y la contratación remota vía internet facilita su búsqueda. El sector es una fuente de oportunidades para muchas economías familiares y para proyectos de emprendimiento más ambiciosos. Las instituciones deben realizar un esfuerzo especial para que semejante concurrencia no eluda las obligaciones fiscales que conlleva toda actividad económica, ni se sucedan iniciativas de discutible entereza y continuidad, ni ofrezcan servicios por debajo de los estipulados en su transparencia para el sector hotelero, ni afecten negativamente al hábitat y al valor de las viviendas circundantes. La ecuación es muy compleja. Pero no debe convertirse en excusa para que las distintas administraciones concernidas pospongan su regulación concertada.
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