Migración de Estado

Corresponde al Gobierno buscar el consenso para que no sea un factor de confrontación partidaria en el que aflore la xenofobia

La frontera meridional española está soportando este verano una presión migratoria desconocida desde 2006. No solo por decisión de las tramas de tráfico; también por la información que circula entre los migrantes sobre las rutas más seguras y la situación a ambas orillas del Mediterráneo. Por eso mismo conviene afrontar la cuestión con el máximo de racionalidad y sosiego. Puede resultar equívoco poner el acento en la actuación de las redes mafiosas, puesto que llevaría a la errónea conclusión de que el combate contra ellas o la confiscación de su negocio mediante el cierre de fronteras resolverían el problema. Como también sería engañoso apelar únicamente a que la migración se ataje en origen, con más fondos de cooperación y desarrollo, convenios de información y seguridad, y compromisos para la devolución de migrantes irregulares. Porque tanto las necesidades de huida del horror y el hambre, como los impulsos para acceder a una vida mejor constituyen una fuerza imposible de disuadir. Si acaso se trataría de paliar su empuje desde una Europa unida, que solo podría alcanzarse desde la unidad de cada país miembro. El ministro Grande-Marlaska emplazó ayer a Pablo Casado y a Albert Rivera a que aborden la migración como cuestión de Estado, sin duda preocupado porque determinadas manifestaciones públicas generen situaciones análogas a las que viven otros países de la Unión. Pero en primer lugar corresponde al Gobierno -sobre todo teniendo en cuenta su exiguo apoyo parlamentario- procurar el máximo consenso; de manera que la migración no se convierta en un factor de confrontación partidaria que acabe aflorando instintos xenófobos. No basta con que Pedro Sánchez se sienta respaldado por una 'mayoría moral' en el Congreso, favorable a abrir las puertas a la migración. Y corresponde al PP y a Ciudadanos precisar sus respectivas posiciones y evitar excesos verbales en nombre de la responsabilidad que predican. Sin recurrir a la denuncia del «efecto llamada»; o al uso extensivo del término «demagógico», cuando es un descalificativo de ida y vuelta. Resulta ventajista que el Gobierno se refiera a la «imprevisión» o a la dejación del Gobierno Rajoy como causa del colapso migratorio en Andalucía. Pero es descorazonador que quienes aspiran a gobernar el país en sustitución de los socialistas desdeñen la obligación que la política democrática tiene de mantener vivos los valores de la solidaridad. Porque solo desde un mensaje humanitario puede advertirse de la imposibilidad de que haya «papeles para todos», o apuntar que estos han de atenerse a la evolución del mercado de trabajo.

 

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