Estado del Bienestar de cartón piedra

Por desgracia, transcurrido todo este tiempo desde que todos nuestros padres y madres de la patria decidiesen aumentar el Estado del Bienestar de nuestro país, hemos podido leer y escuchar a los representantes de las asociaciones quejarse de que, tras la demora, el contenido de lo aprobado para ayudar a los enfermos de ELA sigue siendo un bienestar de cartón piedra. Un decorado de papel publicado en el Boletín Oficial, pero sin dotación económica que pueda aliviar las necesidades de los enfermos y sus familias.

Esta coyuntura y la gravedad de las necesidades de los afectados me animan a profundizar en algunos ejemplos de cómo nuestros políticos (tanto de la izquierda como de la derecha) no tienen reparos en aprobar más y más servicios e inversiones en obras que luego llevarán su correspondiente gasto corriente cada año, pero sin tener en cuenta de dónde va a salir el dinero para ello. Un proceder con el cual nos dejan un bienestar de cartón piedra cada vez más endeudado.

Me remonto más de 20 años, aunque es un hecho que se ha repetido en no pocas ocasiones y con carácter sistemático, al menos en el gasto de la inversión. A la localidad de El Redal se le concedía una subvención nominativa, específica para su Ayuntamiento, cuya finalidad era construir un centro cívico o social. Hasta ahí podría pasar si no miramos el número de habitantes y los centros que ya seguro tenía, pero es que en al menos los dos años siguientes, en el BOR, en los presupuestos, aparecía una subvención nominativa para pagar los gastos corrientes (luz, calefacción, mantenimiento...) de dicho centro en ese municipio a cargo de todos los riojanos.

Me vengo ahora hasta la nacional Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Una norma que creó toda una estructura política y administrativa, además de una serie de derechos animales, sin que en la memoria económica de dicha ley se pusiese más fuente de ingresos para financiar los múltiples gastos que conlleva este escenario que los obtenidos por las sanciones que se puedan poner a los incumplidores de dicha ley. Estamos, pues, ante otro paisaje de cartón piedra.

Suelo seguir la información sobre los Consejos del Gobierno de La Rioja y, prácticamente todas las semanas, el portavoz nos anuncia una nueva línea de ayudas y subvenciones de lo más variado, creando un decorado de lo más atractivo en servicios no se si básicos ni esenciales a lo largo de toda nuestra geografía. Seguro que todas ellas tienen su respaldo en dotación presupuestaria, e incluso que se pueden ampliar, como ha ocurrido con el éxito del Plan Revive sobre la vivienda. Sin embargo, el hecho es que mientras nuestros gobiernos aumentan los decorados con nuevos servicios, los más básicos del Estado del Bienestar, como la salud, la atención a personas dependientes o el alojamiento y manutención de los sinhogar tienen que recurrir a la solidaridad de la sociedad –aunque también los gobiernos apoyan– a través de las ONG como los bancos de alimentos o Cáritas.

El hecho es que cada vez son menos reales los servicios que se nos dice son de los mejores del mundo: conseguir citas médicas en Atención Primaria o estar poco tiempo en listas de espera para especialistas o intervenciones cada vez tiene más desconchones. Y lo mismo ocurre con el número de personas en o bajo el umbral de la pobreza que son atendidas por las asociaciones. Si a todo ello le sumamos el decorado de las cuentas públicas, que están en máximos históricos de déficit y que el saldo de ingresos y gastos por la partida de las pensiones en la TGSS lleva 49 trimestres con saldo negativo, solo compensado por las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado que lo financia con más deuda, no hay mucho más que añadir.

Todo lo anterior me lleva a llamarnos la atención como sociedad. Fue muy bonito, y ojalá fuese la norma, que todos los diputados votasen por unanimidad esos nuevos derechos para los enfermos de ELA, pero debemos ver qué es lo que pedimos y qué exigimos a nuestros gobernantes para que nuestro bienestar público sea real y no un simple decorado cada vez más deteriorado. Por desgracia, el Real Decreto Ley 11/2025, de 22 de octubre es un parche pequeño para los enfermos de ELA, pues solo se ha dotado con 500 millones de euros, cuando para los enfermos de grado III+ de dependencia extrema puede requerir hasta 10.000 euros al mes. Y aún está pendiente de convalidación por el Parlamento. En fin, los boletines oficiales lo soportan todo, pero las cuentas de ingresos y gastos ya no lo hacen, y cada vez menos.