No hay lugar para la duda

Más allá de personarse en el caso, el Ayuntamiento debe aclarar la alusión a algunos contratos en el sumario Enredadera

La información con la que el pasado domingo este periódico desvelaba los enredos de la trama de corrupción del 'caso Enredadera' para verse beneficiada con contratos del Ayuntamiento de Logroño detonó ayer una traca de reacciones políticas en la capital inicialmente marcadas por el denominador común de la sorpresa. Una sensación que si era comprensible entre los grupos de la oposición extrañamente también atacó al Gobierno municipal, del que cabría haber supuesto, cuando menos, que andaba al tanto del contenido de una acción judicial que le atañe de forma muy directa en tanto actor desde que le fue requerida información por la Fiscalía Especial contra la Corrupción a través de una inhabitual visita de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Pero no, tan extraordinario suceso no mereció en su día más allá de unas manidas declaraciones de confianza en la justicia por parte de la primera edil, Cuca Gamarra, y una tibia exigencia de explicaciones por parte de los grupos minoritarios. Ayer fue bien distinto. Visto el contenido de parte del sumario, publicado por este periódico, en la parte referida a Logroño; conocido el trasunto de las conversaciones telefónicas mantenidas por los protagonistas de la trama, el Gobierno logroñés se dio por aludido y no muy avanzada la mañana la alcaldesa anunciaba desde su lugar de vacaciones y través de una red social que el Ayuntamiento acababa de solicitar su personación en el caso. La oposición, por su parte, azuzada también por la información periodística, alcanzaba a entender la entidad del asunto y se deshacía en la exigencia de explicaciones, transparencia y comisiones de investigación. Todo ello un mes y diez días después de la sorpresiva visita policial al Consistorio la mañana el 3 de julio.

Es cierto que la información que motivó ayer tal cadena de reacciones no atribuye delito alguno a ningún miembro del Ejecutivo local, como bien se encargó de destacar la concejal Mar San Martín en el ejercicio ocasional de la portavocía. Mas es indiscutible su interés público y trascendencia. La conversaciones intervenidas a instancias del instructor del caso, sin merecer otra consideración que la que se puede otorgar a priori a las palabras de unos presuntos delincuentes, apuntan hacia ciertos extremos que merecerían ser aclarados judicialmente, como parece que está en proceso, pero también políticamente. Así que más allá de personarse en el caso, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad política de explicar a cuenta de qué en el el sumario figuran los nombres de determinados cargos y por qué de las referencias a contratos celebrados cuyos procesos deberían ser revisitados. Porque el ciudadano merece que le sean disipadas todas las dudas tanto como lo merecen la propia institución.

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