Lógica intervención

El Gobierno resolvió ayer asumir el pago de las nóminas y de los gastos esenciales en Cataluña, concediéndole al presidente Puigdemont 48 horas para que haga un decreto de indisponibilidad que paralice el resto, anunciando que en caso contrario será el ministro de Hacienda quien procederá a formalizar la decisión. La medida responde a la carta remitida por el vicepresidente económico de la Generalitat, el líder de ERC Oriol Junqueras, advirtiendo al Ejecutivo central de que el gobierno autonómico no continuará presentándole semanalmente la liquidación de sus cuentas. Este último requisito, aplicado con objeto de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin efecto las partidas presupuestarias previstas para sufragar los costes del referéndum ilegal, era el mínimo que el Gobierno de Rajoy podía plantear para asegurarse el cumplimiento de la Ley de Estabilidad. La decisión adoptada ayer por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos tiene una indudable carga política. Pero ésta no es mayor que la que entraña la carta de Junqueras desentendiéndose de tener que mostrar la gestión que el Gobierno de la Generalitat, convocante de un referéndum ilegal, hace de su participación en el Fondo de Liquidez Autonómica. El control de pagos arbitrado por el Gobierno central garantiza que se libren las nóminas y los gastos de sanidad, educación y servicios sociales, al tiempo que permite la supervisión de aquellos créditos que pudieran utilizarse para financiar actividades y recursos destinados directa o indirectamente a la celebración del 1 de octubre. El hecho de que las entidades bancarias se vean comprometidas por la resolución del Gobierno y que la misma impida el endeudamiento a corto plazo cierra el círculo de la intervención central. Lo mejor sería que Puigdemont hiciera suya la decisión del Ejecutivo de Rajoy, en tanto que es consecuencia de su propia negativa a la transparencia en la ejecución de la sentencia del TC. Aunque es de temer que el gobierno de la Generalitat opte por dejar pasar las 48 horas de margen concedidas para ello y trate de convertir el asunto en otro agravio. La ventaja de la medida adoptada es que no precisa de otra más contundente, puesto que a Puigdemont no le queda otro remedio que atenerse a ella, la suscriba formalmente o no.