Llamada al realismo

La relación entre la reclamación de penas y los Presupuestos debería ser inexistente si el soberanismo pretende encontrar una salida

El anuncio de las penas que solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los inculpados por el 'procés' recibió el viernes de Quim Torra una respuesta airada: la retirada del apoyo a Pedro Sánchez y a los Presupuestos. A la vista del tono airado, podría decirse que los independentistas esperaban algo distinto de lo que finalmente ha sucedido. La intentona secesionista, precedida de vulneraciones conscientes de las leyes y de alteraciones significativas del orden público, había de tener por fuerza una respuesta penal de cierta dureza. La Fiscalía ha seguido la estela del instructor del Supremo y la Abogacía del Estado, que es una institución gubernamental, ha tenido el gesto de reducir el alcance del reproche, aunque manteniéndolo elevado. Ningún observador medianamente avisado podía esperar otra cosa, por lo que los aspavientos de quienes se han rasgado las vestiduras están fuera de lugar. Las penas que se solicitan son ciertamente duras, y habrá que ver si prosperan en el juicio que aún ha de celebrarse y, sobre todo, si pasan el filtro del Tribunal de Estrasburgo cuando llegue el momento (el hecho de que la Abogacía del Estado no haya apreciado delito de rebelión puede ser decisivo). De cualquier modo, si los soberanistas están realmente dispuestos a recuperar el realismo, la relación entre la reclamación de penas y los Presupuestos del Estado debería ser inexistente. Iceta trató ayer de hacer ver a los independentistas que es «un gravísimo error» mezclar una cosa con otra, y pidió que antes de abordar «frívolamente» el tema se piense en las personas a las que benefician las cuentas públicas en proyecto. Y el propio Pablo Iglesias, que criticó con severidad la cuantía a su juicio desproporcionada de las sanciones que se piden, se preguntaba igualmente por qué todo esto tiene que hacer fracasar el acuerdo para aprobar los Presupuestos y cuestionaba «en qué beneficia a la situación procesal de los políticos catalanes que no se suba el salario mínimo». Por fortuna, mientras Puigdemont cultiva el nacionalismo romántico en Warterloo e inspira anatemas a su emisario Torra, una parte de los soberanistas parece haber entendido que es tiempo de razón y de buena voluntad, por lo que lo lógico sería avanzar políticamente hacia una solución negociada. Para lo cual la estabilidad económica del Estado es un activo que no se debería desdeñar. Y ello requiere que cada cual actúe según el papel que le ha tocado en la representación.

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