Una legislatura poco productiva

Las fuerzas políticas tendrán que adaptarse a la nueva realidad del multipartidismo y pactar las leyes para poder avanzar

Una legislatura poco productiva
Diario La Rioja
DIARIO LA RIOJA

Cuando mañana se publique el decreto de disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, decaerán todos los proyectos de ley presentados a las Cortes por los grupos parlamentarios, y entre ellos los que pretendieron recuperar la normalidad tras la crisis, como la reforma de la 'ley mordaza' o la suavización de las dos últimas reformas laborales con las que se pretendió preservar en lo posible el empleo aun a costa de mermar el derecho de negociación colectiva.

Un recuento de la tarea legislativa desde las elecciones generales de diciembre de 2015, que hubo que repetir en junio de 2016, nos mostrará que cabe hablar de legislatura casi perdida, si no políticamente -el proceso político avanza aunque no se hagan leyes-, sí desde el punto de vista legislativo. El fin del bipartidismo imperfecto y la formación de una nueva distribución parlamentaria constituida por cuatro formaciones estatales y las habituales minorías periféricas ha sido poco eficiente. En 2015, último año en que Rajoy gobernó con mayoría absoluta, las Cortes elaboraron 84 disposiciones (16 leyes orgánicas, 48 leyes, doce decretos-ley y ocho decretos legislativos). En 2016 se aprobaron sólo diez normas (dos leyes orgánicas, siete decretos-ley y un decreto legislativo). En 2017, 34 normas (una ley orgánica, doce leyes y 21 decretos-ley) y en 2018, 43 (cinco leyes orgánicas, once leyes, 28 decretos-ley).

En lo que llevamos de 2019, se han aprobado una ley orgánica, una ley ordinaria y cuatro decretos-ley; está pendiente la convalidación por la Comisión Permanente de tres decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros el último viernes. Las leyes relativas a las grandes cuestiones de Estado, como la educación (hasta siete leyes generales de educación llevamos desde 1978), han fracasado porque eran promovidas por un partido de gobierno que disponía de mayoría absoluta. Ahora, con un Parlamento fragmentado, hubiera sido posible pactar una ley de síntesis negociada también con la comunidad educativa, pero no ha existido la magnanimidad suficiente para ello: se sigue pensando que pactar es traicionar las propias ideas.

Las encuestas indican que en la próxima legislatura ya no serán cuatro sino cinco los actores parlamentarios estatales, amén de los partidos nacionalistas, por lo que las dificultades de obtener mayorías que respalden las nuevas normas serán todavía, si cabe, mayores. O las fuerzas políticas se adaptan a la nueva realidad y acceden de buena fe a la negociación y al diálogo, o la modernización permanente de este país será un imposible.