Choque institucional

El procesamiento del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso refleja el alcance de lo que ... se antoja como una anomalía en democracia en España. Es la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se asoma al banquillo de los acusados por un delito penal que vulnera la misma esencia de su función: la custodia y protección de informaciones sensibles que deben estar al margen de cualquier refriega partidista. Tras ocho meses de instrucción, el juez del Supremo Ángel Hurtado deja al borde del juicio a Álvaro García Ortiz al considerar que tuvo un papel crucial en la difusión de datos confidenciales sobre el supuesto fraude fiscal cometido por el empresario Alberto González Amador. Una filtración que supuso un menoscabo del prestigio de la propia Fiscalía General, obligada a respetar los principios de legalidad e imparcialidad. García Ortiz, señalado también por el instructor por haber borrado de forma deliberada sus dispositivos móviles presumiblemente para dificultar la investigación, queda en una situación límite, por mucho que insista en negarse a dimitir y que le arrope el Gobierno de Pedro Sánchez. Al igual que Moncloa, acusada de estar detrás del soplo dando «indicaciones» para «ganar el relato» en horas «frenéticas».