Juicio al rupturismo

Es inconveniente que el Gobierno se pronuncie sobre el tipo penal de rebelión cuando Fiscalía y Abogacía del Estado preparan sus escritos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio ayer por concluido el sumario instruido por el juez Pablo Llarena tras el 1-O y procedió a la apertura del juicio oral contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y otros 16 dirigentes independentistas. Las defensas de los encausados habían solicitado que se practicasen 300 nuevas diligencias, lo que al entender del Supremo dilataría el proceso y perjudicaría a los propios encausados. Es significativo que presentaran las alegaciones tan tarde. Pero resulta difícil imaginar qué podían esperar los investigados de que el Alto Tribunal atendiera su petición y pospusiera el juicio; si una incierta rebaja de la tensión ambiental o un cambio político favorable igual de incierto. La Sala del Supremo se negó también a pronunciarse sobre el objeto del juicio pendiente: determinar si es aplicable al caso el delito de rebelión recogido en el artículo 472 del Código Penal. Esta última cuestión centra el interés por las calificaciones que presenten la Fiscalía y la Abogacía del Estado antes de la fecha límite del 2 de noviembre. Se da por sentado que la acusación popular que ejerce Vox mantendrá el delito de rebelión. Los insistentes mensajes con los que responsables institucionales del independentismo han anunciado su negativa a la negociación presupuestaria con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras este no se esfuerce en favorecer a los procesados por rebelión, prevaricación y desobediencia han añadido más controversia al proceso penal. Todo pronunciamiento crítico por parte del Ejecutivo socialista respecto al tipo delictivo de rebelión será percibido por amplios sectores de opinión como un gesto proclive a obtener el determinante apoyo del independentismo a las Cuentas del Estado. Así ha ocurrido con la última intervención del presidente en el Senado, aunque citase al exministro del PP Federico Trillo para cuestionar indirectamente el uso que el juez Llarena ha hecho del delito de rebelión. Esas tomas de postura son claramente inconvenientes para que la independencia judicial se haga realidad ante este juicio, también en cuanto a su apariencia. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, salió al paso con una exigencia de absolución de los encausados y la advertencia de que que si no se produce se enfrentará -a las sentencias- «con la determinación del 1-O y la fuerza del 3-O». Una posición que en nada ayuda a quienes dentro de algunas semanas deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un Estado de Derecho en el que rige el imperio de la ley.

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