Juicio al 'procés'

Tras la calificación penal de la Fiscalía, el independentismo insiste en presentarlo como una causa general contra los catalanes

La distinta calificación penal que hicieron pública ayer la Fiscalía y la Abogacía del Estado respecto a los delitos por los que serán juzgados en el Tribunal Supremo dieciocho dirigentes independentistas y responsables de la Generalitat constituye una noticia relevante que no puede soslayar las graves condenas solicitadas por esas dos partes; desde los 25 años que el Ministerio Público pide para Oriol Junqueras, hasta los 7 años que la Abogacía del Estado demanda para el exconsejero Santi Vila. Calificaciones y peticiones de pena que confirmaron ayer alguno de los peores augurios que pudieran albergar los afectados; al margen de que en el ambiente prevalezca la sensación de que el Gobierno, a través de la Abogacía, ha tratado de enviar señales de entendimiento hacia la mayoría secesionista que gobierna la Generalitat y que está representada en las Cortes Generales. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, insistió ayer en que la posición de la Abogacía del Estado atiende a criterios técnicos y jurídicos, y no representa ningún gesto político. Sin embargo, las inconvenientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Carmen Calvo respecto a la necesidad de enmendar el artículo 472 del Código Penal, referido al delito de rebelión, avalarían la versión contraria. Con el agravante para el Gobierno de que ese distanciamiento respecto a la Fiscalía habría resultado fallido; cuando menos a tenor de las manifestaciones con las que el independentismo reaccionó ante ambos escritos de acusación. La fase final del procedimiento abierto hace un año, la del juicio oral, permitirá a las acusaciones revisar a la baja sus consideraciones y solicitudes de ayer. La Fiscalía podría desdecirse de la tipificación como «rebelión» de los hechos que se enjuician, en tanto que aceptase una descripción probada de los mismos como acontecimientos totalmente ajenos a la utilización de la violencia o de su procura mediante el fomento de la inestabilidad y la deliberada dejación de responsabilidades. La Abogacía podría retractarse ciñéndose a las acusaciones por prevaricación. Pero desde el momento en que el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y su mentor, el expresidente Carles Puigdemont, insistan en presentar el juicio como una causa general contra el pueblo catalán y la democracia, y los encausados y sus defensas no se aparten de tal discurso, serán los acusados quienes se conviertan en protagonistas y paganos de una 'judicialización de la política' que el independentismo gobernante viene fomentando con actos y omisiones mientras la deplora.

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