Políticas públicas para garantizar un derecho básico

La solución pasa por dos ejes principales: construir un parque público de vivienda en alquiler y movilizar las viviendas vacías. Son medidas posibles y urgentes, pero requieren voluntad política, algo que PP y PSOE han demostrado no tener.

El primer eje se ha demostrado como un modelo que funciona. En La Rioja, hablar de vivienda pública es casi una broma de mal gusto. En la última década, apenas se han construido 40 de protección oficial, una cifra ridícula que evidencia el desinterés de los gobiernos autonómicos. El modelo de VPO tradicional ha fracasado, ya que muchas acaban en el mercado libre con precios inalcanzables. Esta ausencia de inversión no es casualidad, sino que responde a un modelo en el que la vivienda se trata como un bien especulativo y no como un derecho básico. La solución es la construcción de vivienda pública en alquiler sin posibilidad de venta, como ocurre en Austria, donde se ha logrado estabilizar los precios. La Rioja necesita un plan ambicioso de vivienda pública. Sin esta medida, seguiremos condenando a miles de jóvenes y familias trabajadoras a un mercado inmobiliario depredador que impide el acceso a un hogar digno.

Por otro lado, movilizar la vivienda vacía implica que la especulación no salga gratis. Construir vivienda pública es clave, pero sus efectos son a largo plazo. Mientras tanto, en La Rioja hay más de 30.000 viviendas sin ocupar, el 16,6% del total del parque inmobiliario. De ellas, 4.101 están en manos de grandes tenedores, incluyendo 1.181 en propiedad de quienes poseen más de cien inmuebles. Con esta situación, ¿por qué miles de personas no pueden acceder a una vivienda?

Las Administraciones deben actuar con contundencia. Primero, con un impuesto a las viviendas vacías para desincentivar la especulación, como ha hecho la ciudad de Azpeitia con recargos del 150% en el IBI. Segundo, aplicando la expropiación temporal de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre. La jurisprudencia europea avala estas medidas cuando existe una necesidad social imperiosa. Además, es urgente reformar el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), que hoy actúa más como una inmobiliaria que como un organismo de garantía del derecho a la vivienda. Debe convertirse en una oficina pública que ofrezca asesoramiento, garantías a los propietarios e inquilinos.

Otro factor clave en la crisis de la vivienda es la falta de regulación del mercado del alquiler. La ausencia de controles ha permitido que los precios suban sin freno. Aplicar topes al alquiler en zonas tensionadas es una medida de sentido común, ya probada en otros países europeos. Asimismo, La Rioja debe limitar la expansión descontrolada de los pisos turísticos. En ciudades como Barcelona, se han aplicado moratorias en la concesión de licencias para evitar que el alquiler turístico reduzca la oferta de vivienda habitual y dispare los precios.

Asimismo, La Rioja enfrenta también la despoblación rural. De las 30.000 viviendas vacías, unas 15.000 están en municipios de menos de 1.000 habitantes. Mientras en las ciudades la vivienda es inaccesible, en los pueblos hay casas vacías que se deterioran. La solución pasa por incentivar la rehabilitación y el alquiler con ayudas específicas, facilitar el acceso a jóvenes y familias trabajadoras y garantizar servicios públicos de calidad en estos municipios.

En definitiva: un cambio de rumbo es posible, pero hace falta valentía. La crisis de la vivienda no es inevitable, sino resultado de decisiones políticas erróneas. Sin un parque público fuerte, sin medidas contundentes contra la vivienda vacía y sin una regulación real del mercado del alquiler, la situación empeorará. PP y PSOE han abandonado la vivienda pública y permitido la acumulación de viviendas vacías por grandes propietarios. Esto no es un error, sino una elección política.

La pregunta es: ¿seguiremos aceptando este modelo injusto o exigiremos que la vivienda sea lo que siempre debió ser, un derecho y no un negocio?