Izquierda expansiva

El acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias es un compromiso programático cuya viabilidad política y financiera está en entredicho

El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos formalizaron ayer un acuerdo general sobre los Presupuestos para 2019, a la espera de que la coincidencia con los demás grupos que secundaron la moción de censura contra Rajoy -ERC, PNV y PDeCAT- permita aprobarlos, previo contraste con Bruselas. El pacto rubricado entre el presidente y Pablo Iglesias supone un incremento de gasto a cuenta de una mayor presión impositiva y representa un inequívoco viraje a la izquierda en la política económica desarrollada en los últimos años. La subida del salario mínimo y de las pensiones -en especial, de las más bajas-, la nueva dotación en dependencia o la intervención pública en defensa de los inquilinos de alquileres son medidas imposibles de rechazar por la mejora que supondrían para millones de personas. El problema estriba en su viabilidad financiera y en los efectos que el aumento del gasto derivado de ellas pudiera tener en la estabilidad presupuestaria, pese al alza de algunos impuestos y la creación de otros con la que se intenta compensar esa factura. El Gobierno someterá la próxima semana las líneas básicas de las Cuentas consensuadas con Podemos a la consideración de la Comisión Europea, que determinará si están o no en línea con los compromisos de control del déficit asumidos por España. Es indudable que el gasto comprometido responde a dos impulsos. Por una parte, el que emana del proyecto político que se le supone al socialismo de Sánchez, obligado a demostrar que un giro social es posible dentro de los parámetros de la consolidación fiscal y empeñado en prolongar su mandato con o sin Presupuestos propios. Por otra, el que responde a señales de recuperación económica que despiertan, justamente, demandas de redistribución. El socialismo gobernante, el de Zapatero y ahora el de Sánchez, ha reivindicado el Estado del Bienestar mediante iniciativas equívocas en cuanto a sus fundamentos, que parecen distribuir el remanente recaudatorio del momento generando la percepción de que consagran nuevos derechos sociales o amplían los preexistentes. El acuerdo presupuestario sellado ayer no despeja el alcance temporal de los avances que promete en materia social, de forma que su futuro estará sujeto a la continuidad del entendimiento entre el PSOE y Podemos. El documento firmado en La Moncloa por el presidente e Iglesias no solo elude el incremento del déficit y de la deuda; también sortea las advertencias sobre lo que la ralentización de la economía pudiera suponer para las perspectivas de una mayoría de cambio. Todo mientras el independentismo catalán, sin cuyo apoyo las Cuentas acordadas por el Gobierno y Podemos no podrán ser aprobadas, supeditan su apoyo a la suerte que la Fiscalía General del Estado depare a los procesados por el 1-O.

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