Independentismo en quiebra

El secesionismo catalán pasó ayer de la mayoría a la minoría parlamentaria, porque una parte de él sigue tratando de burlar la legalidad

La mayoría independentista que gobierna la Generalitat de Cataluña se desactivó a sí misma ayer, porque JxCAT continuó empeñada en mantener el voto delegado de Puigdemont, Rull, Turull y Sánchez, mientras ERC acordaba con los socialistas que la Mesa del Parlamento catalán hiciera suyo el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que desaconsejaba taxativamente el incumplimiento de la suspensión dictada por el Tribunal Supremo hacia los diputados procesados. El independentismo pudo optar por afianzarse en las instituciones, solicitando a esos electos que renunciasen a sus actas. Pero creyó que su dignidad quedaba en mejor lugar si continuaban ocupando virtualmente sus escaños. El propio juez instructor, Pablo Llarena, brindó a las dos fuerzas secesionistas la posibilidad de reemplazar temporalmente a los parlamentarios que se encuentran en espera de juicio. Pero JxCAT descartó acogerse a tal fórmula. El pasado jueves, la alianza entre los seguidores de Puigdemont y los de Junqueras se quebró hasta el punto de comprometer la continuidad de la legislatura catalana. Ayer se consumó una ruptura con amortiguación, puesto que ambas formaciones se han conjurado en sortear sus diferencias para que éstas no pongan en riesgo el Gobierno de coalición. Se trata de un apaño que solo puede explicarse porque el independentismo se ha encerrado en sí mismo de tal manera que ninguno de sus integrantes se siente en condiciones de participar en la gestación de mayorías alternativas a la inercia marcada por el 1-O. Ayer, el independentismo quedó en minoría. No pudo reivindicar el derecho «imprescriptible e inalienable» a la autodeterminación, ni reprobar al rey Felipe VI. Los independentistas consumen toda su energía en mantenerse unidos o en manejar sus desavenencias como un asunto doméstico, de espaldas al resto de los catalanes. Ayer, el presidente del Parlamento autonómico Roger Torrent y su partido decidieron atenerse a la legalidad. Es el mínimo indispensable de la convivencia democrática. Pero no resulta suficiente para asegurar una gobernación eficaz de los intereses comunes, cuando estos se ponen a merced de la constitución de una república propia.

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