Independencia judicial

La renuncia de Marchena reclama que los partidos con mayor poder cesen en la arrogancia de creer que ellos son el Estado

La renuncia de Manuel Marchena a verse como candidato a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial desató ayer una crisis institucional que estaba latente en las propias maneras empleadas por el Gobierno y el PP para renovar la cúpula de ese poder del Estado. El anuncio de las funciones que desempeñaría Marchena por acuerdo entre los dos partidos, antes de que ambas formaciones hubiesen consensuado los nombres de los vocales del Consejo que debían elegir a su presidente, había puesto en cuestión el proceso. El tuit con el que el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, quiso tranquilizar a los miembros de su grupo al asegurarles que el pacto les permitiría controlar «por detrás» la Sala de lo Penal del Supremo acabó de poner al borde del ridículo el principio de separación entre los poderes del Estado. La intromisión de los intereses partidarios en el Poder Judicial y las maniobras dilatorias o de obstaculización en los casos de corrupción política han sido una constante que volvía cínicas las promesas de regeneración democrática. Pero era difícil imaginar que los partidos con poder pudieran continuar perseverando en tan vergonzosa práctica. Hasta que ha quedado demostrado que, incluso cuando el panorama partidario se encuentra más fragmentado que nunca y las expectativas de las distintas formaciones aparecen igualadas, las siglas tradicionales y con mayor influencia -PSOE y PP- se hacen valer de la arrogancia para recordar que el poder del Estado sigue siendo suyo. Es evidente que el problema no está tanto en el procedimiento establecido legalmente para la designación de los integrantes del CGPJ, sino en el modo en que lo interpretan las fuerzas políticas. La respuesta de Pablo Casado al plantear que sean los jueces quienes elijan en exclusiva a su órgano de gobierno pareció ayer la improvisada escapatoria respecto a un pasado que ha vuelto a aparecérsele de la mano de Cosidó, cuando este último o cualquier otro podrían informar a los suyos de que la fórmula propuesta por su presidente encierra un truco favorable. Las palabras de Pedro Sánchez alabando la actitud de Marchena, reflejan la naturalidad con la que el socialismo gobernante cree poder moverse entre la descarada invasión del Poder Judicial y la reivindicación del legado de Montesquieu, sin que nadie se haga responsable de lo sucedido. La suspensión del acuerdo que alcanzó el Gobierno con el PP, mediante declaración de Pablo Casado, pareció ayer una pésima noticia. Pero en el fondo se trata de un mal menor que, incluso, podría contribuir a que Sánchez y Casado recapaciten, y renuncien a la arrogancia como señal disuasoria o como reclamo electoral.

 

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