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Inadmisible agresión

La defensa de la integridad territorial de Ucrania requiere, también, que la amenaza rusa no acabe afectando a los derechos de sus ciudadanos

Lunes, 3 de diciembre 2018, 23:34

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El grave incidente internacional protagonizado por embarcaciones rusas pertenecientes al Servicio Federal de Seguridad al atacar tres barcos de la Marina ucraniana, y herir y apresar a sus tripulantes cuando circunnavegaban Crimea ha dado lugar a la enésima escalada de tensión entre ambos países, con el estado de excepción declarado en Ucrania. El riesgo de que el conflicto pudiera dar lugar a nuevos episodios de enfrentamiento armado llevó a la comunidad internacional al intercambio de consultas y a la convocatoria de reuniones tanto en Naciones Unidas como en la OTAN. La postura común hecha pública por los países de la Unión con presencia en el Consejo de Seguridad y la posición manifestada por Alemania no dejó dudas sobre la actitud europea de contrariedad ante la actuación rusa, de reconocimiento de la integridad territorial de Ucrania -incluida Crimea, anexionada por la fuerza por Moscú en 2014-, exigiendo la liberación de los buques y tripulantes ucranios y el restablecimiento del paso por el estrecho de Kerch. Rusia calificó de «provocación» la aproximación de la pequeña flotilla a sus aguas territoriales, cuando desde el punto de vista del derecho internacional fue Moscú quien amplió ilegalmente las mismas al hacerse con la península de Crimea y el mar circundante. En cualquier caso, es de temer que los gobiernos de ambos países traten de hacerse valer ante el mundo mediante la perpetuación de la tensión en la zona, al tiempo que recurren a la amenaza del enemigo exterior para condicionar la respectiva opinión pública y limitar las libertades. Al declarar el estado de excepción, Kiev no tiene por qué proceder a la movilización y despliegue de su Ejército, aunque sus responsables justifiquen la medida con la finalidad de repeler una eventual «agresión militar». Además, el presidente de Ucrania respondió a las primeras críticas a la adopción de tal medida asegurando que no la utilizaría para posponer las elecciones presidenciales previstas para el 31 de marzo de 2019. Pero los países y las instancias internacionales, que se inclinan con claridad por defender la integridad territorial de una Ucrania en paz, tienen también la obligación de velar para que ni siquiera la amenaza latente por parte de Rusia afecte a los derechos de sus ciudadanos.

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