A igual responsabilidad docente, igual salario

A igual responsabilidad docente, igual salario

La enseñanza sostenida con fondos públicos es de todos y el Gobierno de La Rioja se debe a la mejora de toda ella para bien común de todos

La valoración que la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la representación sindical de los trabajadores de la enseñanza concertada de La Rioja, hace sobre la medida de avanzar hacia la homologación retributiva de los profesores de la enseñanza concertada con los docentes de la enseñanza pública, es positiva porque marca un camino hacia la equiparación total de las condiciones retributivas y laborales de todos los trabajadores del sector de la enseñanza sostenida con fondos públicos, medida que consideramos tan necesaria como justa.

Educar es tarea de todos y tan necesario es que el Gobierno de La Rioja se empeñe en adoptar medidas que mejoren la enseñanza pública como en la enseñanza concertada, porque el objetivo que debe perseguir es mejorar, mediante la financiación pública, el servicio educativo que se presta a todos los alumnos riojanos, no sólo a algunos y, menos todavía, a unos en detrimento de otros.

Es importante saber que:

1. La red de centros concertados y la red de centros públicos son complementarias entre sí y conforman conjuntamente el sistema educativo sostenido con fondos públicos, según interpreta la doctrina jurídica y las recientes sentencias de los tribunales Supremo (2054/2017) y Constitucional (31/2018).

2. A pesar de lo que ya ordenaba la LODE en 1985 y la LOE en 2006, en La Rioja los docentes de la concertada alcanzamos el 95% de homologación retributiva en 2008. A través del acuerdo sectorial en negociación y anunciado por el presidente del Gobierno de La Rioja, pasaremos al 95,75% en 2018 (¡diez años más tarde!) y al 96,50% en 2019.

3. En dicho porcentaje de homologación no se tienen en cuenta los complementos retributivos denominados sexenios, vinculados a formación, ni los recientes complementos de grado asociados a la carrera profesional y vinculados a requisitos de desempeño de tareas propias del puesto de trabajo. (Nota: sólo el primer grado cobrado en diciembre de 2017 por los docentes de la enseñanza pública riojana supuso un 3% de sus retribuciones anuales).

4. Es importante saber también que la dedicación lectiva del profesorado de la concertada riojana es mayor que en la enseñanza pública, sobre todo en Secundaria, donde trabajan un 25% de horas lectivas más. Tampoco son homologables las condiciones sociales del trabajo (permisos de maternidad o lactancia, reducción de jornada por el cuidado de hijos, reducción de jornada a partir de los 55 años) ni la edad de acceso a la jubilación (60 años para los funcionarios públicos y 65 para los docentes de la concertada).

¿Por qué se han de mantener estos agravios indefinidamente? ¿Acaso el currículo que se imparte en la concertada es distinto que el que se imparte en la pública? ¿Acaso es distinta la normativa que regula la admisión del alumnado? ¿Acaso los requisitos de titulación del profesorado o de autorización de los centros son diametralmente distintos?

El señor Ceniceros justificó lógica y acertadamente la medida diciendo que «si el compromiso, la dedicación y la responsabilidad de los docentes debe ser la misma en la red pública que en la concertada, también lo deben ser sus condiciones de trabajo y sus retribuciones».

La oposición es sólo un sistema de acceso a la función pública docente y aprobarla ya asegura un puesto de trabajo de por vida, pero no legitima tan dispar tratamiento de unos y otros docentes. Nos parece que las condiciones retributivas y laborales que disfrutan los empleados públicos se legitiman cuando son análogas a las que disfrutan los trabajadores que realizan labores similares en las empresas privadas, de otra forma quizás no se pueda hablar tanto de derechos como de prebendas conseguidas a costa del erario público al que con nuestros impuestos todos contribuimos.

La enseñanza sostenida con fondos públicos es de todos y el Gobierno de La Rioja se debe a la mejora de toda ella para bien común de todos. ¿Tiene sentido que lo que se considera bueno para la mejora de la enseñanza pública sea vetado sistemáticamente para la concertada?

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