Un Gobierno sin código

El caso de Borrell demuestra que las responsabilidades de los ministros se depuran o se eluden según inciertos criterios

El ahora ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, era consejero de Abengoa cuando vendió 10.000 acciones de la compañía la víspera de que recurriera al preconcurso de acreedores, con el consiguiente desplome de su valor en Bolsa. La CNMV le ha impuesto una sanción de 30.000 euros por «infracción muy grave» al entender que contaba con información privilegiada al deshacerse de esa inversión. Los grupos de la oposición han pedido explicaciones e, incluso, Podemos y el PP han reclamado su dimisión. Mientras, distintos ministros han tratado de restar importancia a lo ocurrido con una desconcertante serie de argumentos, que llegaban a ensalzar la labor que realiza el sancionado en la esfera internacional para eximirle de más cargas que el pago de la multa. Pablo Iglesias quiso mostrarse convencido de que Borrell «dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos». El ahora ministro de Sánchez se sintió obligado a renunciar en 1999 a ser candidato a la presidencia del Gobierno -después de ganarle la plaza a Joaquín Almunia en las primeras primarias socialistas- porque dos de sus colaboradores cuando había sido secretario de Estado de Hacienda -Josep Maria Huguet y Ernesto Aguiar- fueron imputados por corrupción al frente del servicio en Cataluña. Desde que Pedro Sánchez formó Gobierno, hace seis meses, algunos de sus integrantes se han visto señalados por actuaciones irregulares o discutibles en el pasado, que se han saldado con dos dimisiones -Maxim Huertas y Carmen Montón- y el lastre que pesa sobre la titular de Justicia, Dolores Delgado, y el de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. Ello junto a las sombras que rodean la tesis doctoral del propio Sánchez. Es probable que, quemados los dos primeros fusibles, el Gobierno entendió que ya había cubierto el cupo correspondiente a su particular depuración de responsabilidades. Que continuar por esa vía podría desangrarlo sin remisión. Lo cierto es que no queda coherencia ética alguna en el modo en que Pedro Sánchez y su Ejecutivo afrontan las situaciones que comprometen a sus integrantes en cuanto al rastro de irregularidades o conductas censurables que hayan dejado atrás. Las responsabilidades contraídas se depuran o se eluden, siguiendo criterios cuyo secreto solo está en manos del presidente. En esa misma medida, ni este último ni el Consejo de Ministros ni su partido cuentan con autoridad moral para pronunciarse frente a casos análogos, cuando su llegada al poder se basó, precisamente, en la verdad judicial sobre la corrupción y en apelaciones a la ética y la regeneración democrática.

 

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