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Las recientes denuncias de abusos sexuales cometidos sobre niños por personas a quienes se había confiado su formación han conmovido a la opinión pública. En la mayoría de los casos se trata de agresiones perpetradas hace décadas en un clima de secretismo y de encubrimiento tácito, pero no reveladas hasta ahora por sus víctimas. El prolongado tiempo transcurrido desde que se produjeron tan abominables hechos ha brindado una repugnante impunidad, al haber prescrito los delitos, a depredadores que han atentado contra la intimidad de seres indefensos y los han traumatizado de por vida. Por ello tiene pleno sentido el aumento del plazo para que los menores que han sufrido abusos sexuales puedan denunciarlos y tengan consecuencias penales para sus autores. El Consejo del Poder Judicial defiende que el plazo de prescripción comience cuando las víctimas tengan 30 años y no 18 como ahora. Se hace obligado allanar el camino para que los abusadores no puedan eludir las responsabilidades.

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