Exención por maternidad

Faltan políticas en el ámbito de las ayudas públicas a la natalidad e iniciativas eficaces para la conciliación y el empleo

El Tribunal Supremo ha resuelto que las prestaciones por maternidad quedan exentas de contribuir en concepto de IRPF, asimilándolas así a las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo a las que se aplicaba la norma en una interpretación restrictiva de la misma. De igual modo, el Supremo ha señalado que la exención ha de aplicarse a todos los casos en España, al margen de la administración pública que resulte concernida, y sin excepciones. La sentencia corrige la lógica que los tribunales territoriales de Castilla y León y de Andalucía habían mantenido, y que la Agencia Tributaria insistía en defender, argumentando que las prestaciones por maternidad suplían las remuneraciones que esas mujeres hubieran percibido en caso de continuar trabajando. Frente a ello, el Alto Tribunal se ha atenido a la Ley, puesto que según su literalidad, no se pueden hacer distingos entre la maternidad y las situaciones que asumía su práctica. La resolución judicial del litigio apela a un mínimo de coherencia en el tratamiento de la maternidad a efectos fiscales. Y en esa medida interpela al Ejecutivo y al Legislativo. Porque ni resulta concebible que estos se hayan mantenido impasibles ante el ejercicio limitado de una exención tributaria tan sensible socialmente, ni la decisión del Supremo despeja esa otra cuestión de fondo que afecta al Estado y a todas sus instituciones: su obligación de facilitar la libre decisión de ser madres y padres a cuantas ciudadanas se lo planteen. Una sociedad abierta podría dejar de ser una sociedad decente si sus poderes se conjuran para impulsar medidas pronatalistas que lleguen a incentivar la reproducción hasta convertirla en un recurso económico para las familias. Pero no es ese el problema que afecta a la sociedad española y a sus instituciones, sino el de la carencia de políticas coherentes y evaluables en el ámbito de las ayudas públicas y de la oferta educativa, de iniciativas realmente eficaces para la conciliación y el empleo, de disposiciones administrativas que contribuyan a agilizar acogidas y adopciones. Por eso la resolución del Tribunal Supremo ha sido recibida como un hecho poco menos que providencial frente al deseo de muchas mujeres y hombres de ser madres y padres en condiciones de ejercer tal papel con el máximo de responsabilidad. Al legislador corresponde ampliar los márgenes de cada norma en términos de paridad, y al poder político evitar que tengan que ser las ciudadanas y ciudadanos quienes reclamen individualmente su corrección.

 

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