Que nadie nos engañe con el impuesto AJD

El problema creado por el Supremo ha servido para que los políticos descarguen en los bancos una supuesta responsabilidad que en realidad obedece a la voracidad recaudatoria de las comunidades autónomas

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) modificó recientemente su jurisprudencia al determinar que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo. Esta sentencia, y la posterior actuación del TS llevando al Pleno en menos de 24 horas la decisión última sobre quién debe pagar el AJD confirmando en una ajustada votación que lo deben pagar los clientes y no el banco, ha generado una perfecta tormenta jurídica, mediática y política.

Mientras que millones de ciudadanos y asociaciones de consumidores han criticado duramente al TS por plegarse a los intereses de la poderosa banca, todos los partidos políticos han manifestado su desacuerdo con el acuerdo del pleno del TS al calor de los inminentes procesos electorales. Así, Ciudadanos calificó la decisión como incomprensible y el PP pidió que se cambiara la ley. Podemos concluyó que con dicha decisión «gana la banca y pierden los ciudadanos» y convocó una gran manifestación en defensa de «la justicia social, la independencia judicial y la dignidad». Y aunque el PSOE, inicialmente, declinó manifestarse en contra de una decisión judicial, en menos de 24 horas el Gobierno aprobó un real decreto por el que se modifica la ley para obligar a la banca a pagar este impuesto. Sin embargo, hemos de preguntarnos cuánto hay de postureo y si realmente en este caso del impuesto de AJD la banca es realmente la mala de la película.

El impuesto de AJD grava la seguridad jurídica en la formalización de documentos notariales, mercantiles y administrativos. Y quien realmente se beneficia son las comunidades autónomas, ya que se trata de un impuesto transferido. Este impuesto, que no existe en países como Alemania, Holanda o Reino Unido, tiene el tipo impositivo más alto de toda Europa y, además, supone una desigualdad más entre los españoles: en Aragón, Cantabria o Castilla y León el tipo impositivo se sitúa en el 1,5%; en La Rioja, en el 1% y en Navarra y País Vasco en el 0,5%.

Resultan inaceptable que Pedro Sánchez diga que los españoles nunca más pagaran este impuesto porque, lo más probable es que la banca lo acabe repercutiendo al cliente en las comisiones o en el diferencial hipotecario. Pero también resulta tremendamente populista el anuncio del Gobierno de España de que creará una autoridad para defender al ciudadano de los bancos. En este caso, de lo que habría que defender al contribuyente es de la voracidad recaudatoria de las administraciones públicas.

También es tremendamente populista Unidos Podemos con sus escraches al Supremo, puesto que, en Aragón, cuyo Gobierno está apoyado por Podemos, el impuesto de AJD se ha subido hasta el 1,5%, el más alto de España.

El PP cae en el populismo más ramplón cuando anuncia que lo que hay que hacer es eliminar el impuesto: ello supondría que las autonomías dejarían de ingresar en torno a 1.300 millones anuales, un impacto negativo en las cuestas públicas autonómicas que ningún partido en el gobierno va a asumir. Téngase en cuenta que además de la formalización de las escrituras de las hipotecas, el AJD grava otros muchos documentos notariales, mercantiles y administrativos que han de pagar las empresas y los autónomos. Lo que las comunidades autónomas ingresan por el impuesto de AJD es, aproximadamente, un 15% del valor de cada operación inmobiliaria.

También el líder de Ciudadanos ha reclamado un consenso unánime y urgente en el Congreso para que la banca pague el impuesto hipotecario cuando, como saben de sobra, la gran mayoría de los analistas económicos apuntan que al final los clientes soportarán el pago del impuesto.

El caso del impuesto de AJD pone de manifiesto lo fácil que resulta lanzar mensajes populistas, utilizando la demagogia como instrumento de desinformación a los ciudadanos. El problema creado por el TS ha servido para que los políticos descarguen en los bancos una supuesta responsabilidad que en realidad obedece a la voracidad recaudatoria de las administraciones de las comunidades autónomas.

La verdadera responsabilidad en este asunto es exclusivamente de los políticos de todos los partidos. Porque hacen mal su trabajo al promulgar leyes tributarias enrevesadas y muy poco claras, en contra de la seguridad jurídica que dicen buscar. En segundo lugar, porque utilizan una controversia jurídica para hacer populismo barato, engañando a los ciudadanos haciéndoles creer que la banca les obliga a pagar un tributo que en realidad recaudan las autonomías. En tercer lugar, porque con su actuación electoralista los partidos políticos han puesto en cuestión la capacidad técnica y la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo.

 

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