Economía sumergida

El Gobierno, en su esfuerzo por cuadrar los futuros Presupuestos, ha presentado un anteproyecto de ley con nuevas medidas para reducir el fraude fiscal y ha realizado un cálculo de cuánto podrá conseguir recaudar con ellas. En síntesis, piensa obtener más de 800 millones de euros a través de tres acciones clave: limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre empresarios, modificación de la lista de deudores y mejora de las prácticas internacionales. Cuanto se haga para reducir el fraude y conseguir la equidad fiscal será bienvenido, pero no parece que con estas actuaciones parciales se enfrente de verdad y con la necesaria energía una situación como la española, en que la economía sumergida supone aproximadamente el 20% del PIB (la media europea es del orden del 15%) y en que la pérdida de recaudación por este motivo se estima en 70.000 millones de euros, aproximadamente el 6% del PIB nacional, según Funcas. El fraude fiscal, por su parte, tendría un coste recaudatorio de 26.000 millones, en tanto el uso de paraísos fiscales por personas y empresas representaría una pérdida de 11.000 millones.

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