Borrar

Definitiva sentencia

El Constitucional describe la ilegalidad de la vía independentista, que se mantiene sin rectificar y se acerca al 155

Miércoles, 25 de octubre 2017, 00:05

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la 'ley del referéndum', aprobada por la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre, describe con exactitud la naturaleza ilegal del proyecto secesionista que auspicia el Gobierno de la Generalitat. La gravedad de tal proceder es aun mayor por cuanto la vulneración que entrañaba del marco constitucional y estatutario fue advertida insistentemente, tanto con la lectura pública de anteriores pronunciamientos del Alto Tribunal como por los informes emitidos desde el Consejo Consultivo catalán y desde los servicios jurídicos de la Cámara autonómica. La sentencia de ayer, acordada por unanimidad del Constitucional, desgrana las tres vertientes en las que la mayoría independentista optó deliberadamente por saltarse la legalidad. En primer lugar, la independencia 'de facto' concedida a Cataluña al convertirla en sujeto del derecho de autodeterminación, soslayando que corresponde al pueblo español en su conjunto la decisión sobre su futuro. En segundo lugar, la asunción por parte de la Generalitat de competencias exclusivas del Estado en cuanto a la convocatoria de un referéndum sobre la independencia que se pretendía, además, vinculante. En tercer lugar, el procedimiento irregular empleado para su tramitación parlamentaria, que dejó la imagen imborrable de medio Parlamento aplaudiendo tras la votación mientras el otro medio permanecía vacío en protesta tras el ninguneo sufrido por la oposición no independentista. El secesionismo gobernante daba por descontada la inconstitucionalidad de su 'ley del referéndum' porque, en realidad, su estrategia se basaba en proceder a la ruptura con la legalidad desde el inicio mismo del proceso de desconexión. Del mismo modo que Puigdemont y los demás responsables de la Generalitat se enfrentan ahora al segundo plazo del ultimátum dado por el Gobierno Rajoy -en sintonía con el PSOE- no ya con plena consciencia sino con el firme propósito de continuar sorteando la ley. Saliendo de nuevo a la calle para consagrar a los encarcelados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como «presos políticos» cuando lo han sido investigados por sedición, planteando la falaz disyuntiva entre «dialogo» y «represión». Los sectores más radicales del secesionismo se disponen a declarar la independencia, debatiéndose en estos momentos entre esperar a la eventual aplicación del 155 de la Constitución o adelantarse a ese momento.

DECISIÓN EMPRESARIAL. El Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento para el próximo año del 2,6% al 2,3%, como consecuencia de las incertidumbres generadas por el desafío independentista. El cuadro descrito por la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, sobre los efectos de una hipotética desconexión de Cataluña resulta tan inquietante que solo la ceguera provocada por la efervescencia secesionista puede ignorar; como la Generalitat sigue ignorando el traslado de empresas que, en un número ya cercano a las 700, se está produciendo hacia otras partes de España. El empeño por minimizar tan descarnada realidad empresarial se corresponde a la dejación que la mayoría parlamentaria representada por Carles Puigdemont está haciendo en cuanto a su responsabilidad de gobernar la comunidad autónoma, llevando las instituciones a su práctica parálisis y sometimiento a la ruta independentista.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios